La ausencia de un plan para mayores de 50 años, razón de fondo de la demanda que ha anulado las oposiciones de Sanidad

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ha anulado el decreto del que emanaban las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de 2018 en el Servicio Canario de Salud (SCS) ha supuesto un duro mazazo para los profesionales que aspiraban a conseguir una plaza fija en la administración o a consolidar sus puestos, en especial para los candidatos de Enfermería, Fisioterapia y Matrona, que ya se habían examinado. Este miércoles se ha celebrado una reunión extraordinaria de la mesa sectorial para abordar el asunto. El director del SCS, Conrado Domínguez, el mismo que negoció con los sindicatos esa oferta, ha anunciado que el Gobierno regional ha presentado ante el TSJC un incidente de aclaración y subsanación del fallo, al entender que el tribunal no se ha pronunciado sobre algunos de los argumentos defendidos por la administración durante este litigio. En caso de que esta pretensión sea desestimada, no descarta presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. 

Domínguez ha asegurado, además, que el organismo que dirige y las organizaciones sindicales se van a regir por la “máxima” de que todas las actuaciones acometidas a raíz de ese decreto “se mantengan firmes” y que no haya, por lo tanto, que volver a convocar ni a celebrar los exámenes ya realizados de determinadas categorías profesionales, la principal preocupación de los profesionales por una resolución judicial que ha convulsionado la sanidad canaria.

La sentencia anula el decreto de 2018 por una cuestión puramente formal. Sin embargo, la demanda esgrimía como principal razón de fondo el incumplimiento de lo estipulado en la ley de presupuestos de la comunidad autónoma de 2018 en relación con la consolidación de plazas para trabajadores mayores de 50 años. Las cuentas recogían, en su artículo 54, la obligación de acometer un programa de estabilización para los empleados eventuales. El objetivo era situar la tasa de cobertura temporal en la administración regional por debajo del 8%. Para ello, era necesaria la elaboración de un plan que debía contener la identificación de las plazas a ofertar, la planificación temporal, los procesos de selección, los requisitos de participación y los criterios para la constitución de las listas de empleo. 

Ese artículo de los presupuestos de 2018 contemplaba una medida excepcional: la reserva de un número de plazas destinadas a dar estabilidad en el empleo a los trabajadores temporales de la administración pública (incluido, por lo tanto, el personal del SCS) con una edad superior a los 50 años. Además, fijaba que el sistema debía ser el concurso de méritos, en las condiciones de antigüedad que se determinaran. Sin embargo, el decreto ahora anulado no hace ninguna alusión a esta medida fijada en los presupuestos, motivo por el que diez médicos especialistas decidieron presentar, a través de la denominada Plataforma de Consolidación, un recurso contra esa norma el 27 de febrero de 2019. Es decir, diez días antes de que el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicara la convocatoria de las OPE de Enfermería, Fisioterapia y Matrona. 

El propio Conrado Domínguez ha señalado este miércoles, a la salida de la mesa sectorial, que lo que realmente se había impugnado era la inactividad de la administración por no haber aprobado el plan de estabilización para mayores de 50 años como requería el artículo 54 de las cuentas regionales. Según el director del SCS, los servicios jurídicos sostienen que la legalidad de la oferta pública de empleo “no puede ser objeto de debate”, pues se trataría de una “desviación procesal” con respecto a la demanda planteada por los profesionales.

En concreto, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado el decreto 188/2018, publicado por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad (a iniciativa del entonces consejero de Sanidad, José Manuel Baltar) en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el 31 de diciembre de 2018. No se trata de la convocatoria de bases de los concursos-oposición. No concreta los plazos, los temarios, los baremos... Es un paso previo, un trámite preceptivo que hace oficial el número disponible de plazas a ofertar en un año determinado por categorías profesionales según lo dispuesto en la ley autonómica de presupuestos. Este decreto es, por tanto, el pilar sobre el que se asientan las posteriores convocatorias de Oferta Pública de Empleo (OPE), con las condiciones concretas recogidas en los correspondientes pliegos. 

¿Por qué se ha anulado? La vacatio legis es el periodo que transcurre entre la publicación de una norma y su entrada en vigor, que es de 20 días salvo que se indique lo contrario expresamente, circunstancia que no concurre en el decreto recientemente anulado. Al haberse publicado el último día de 2018, su vigencia comienza el 20 de enero de 2019. El alto tribunal canario, con el magistrado Francisco José Gómez Cáceres como ponente, encuentra en este punto la incongruencia que le conduce a anular el decreto sin entrar en el fondo de la demanda. “¡¿Qué sentido tiene aprobar en 2019 una Oferta de Empleo Público cuyo propósito es anunciar las plazas que debieron proveerse en 2018¡?”, recoge el fallo. 

El decreto aprobaba dos Ofertas de Empleo Público. La primera de ellas estaba destinada a proveer 565 plazas vacantes mediante la aplicación del 100% de la tasa de reposición de efectivos. Es decir, por cada baja que se hubiera producido el año anterior (por jubilaciones, defunciones, renuncias voluntarias, excedencias sin reserva de puesto o pérdidas de la condición de funcionario), ingresaba un trabajador con carácter fijo. Por categorías profesionales, se ofertaban, por ejemplo, 153 plazas de Enfermería, 123 de Facultativos Especialistas de Área o 105 de Auxiliar de Enfermería. La segunda, en cambio, se había planteado para estabilizar 5.513 plazas que, a pesar de ser estructurales y estar dotadas presupuestariamente, habían sido ocupadas de forma temporal e ininterrumpida durante los tres años anteriores. En total, eran 6.078 las plazas ofertadas en ese decreto.

Las primeras convocatorias que emanaron de ese decreto fueron las de Enfermería, Matrona y Fisioterapia. Los exámenes se celebraron el 12 de mayo de 2019, días antes de que tuvieran lugar las elecciones autonómicas. Se presentaron 10.265 personas para un total de 1.280 plazas vacantes, la mayoría de Enfermería. La anulación afecta a todos los procedimientos que derivaron del decreto, por lo que si la sentencia acaba convirtiéndose en firme, esas pruebas podrían tener que repetirse, con el evidente perjuicio que causaría a los profesionales que concurrieron al examen de 2019. Las listas de aprobados ya fueron publicadas. En otras categorías profesionales también se había convocado una OPE y los aspirantes habían pagado las tasas, aunque aún no había fecha de examen. 

Algunos de los mensajes que comenzaron a circular el lunes en los foros sanitarios, tras conocerse la sentencia del TSJC, atribuían la demanda a la denominada Confluencia de Médicos y Facultativos de Canarias. Sin embargo, este colectivo, que mantiene una tregua en la huelga indefinida convocada a finales del pasado año para buscar soluciones al abuso de la temporalidad en la contratación en el SCS, no existía en ese momento. Se constituyó en febrero de 2020, un año después de la presentación del recurso. Lo que sí es cierto es que algunos demandantes pertenecen ahora a la mencionada confluencia. 

Sunil Lakhwani, uno de los portavoces del colectivo médico creado en 2020, lamenta que se les haya involucrado en este asunto y se les haya culpabilizado de la anulación de la OPE de 2018. “La responsable es la administración. Nosotros no hemos demandado. En cualquier caso, el hecho de que el decreto esté mal se debe a la actuación de la administración, es una metedura de pata seria”, ha afirmado. El hematólogo internista del Hospital Universitario de Canarias (HUC) reconoce, no obstante, que la resolución dictada por el alto tribunal canario les beneficia en su reivindicación, ya que los médicos en huelga abogan por que las plazas de los trabajadores en situación de abuso de la temporalidad no se convoquen a través de una OPE “abierta, de libre concurrencia, ordinaria”, sino en un proceso extraordinario de consolidación. “Las plazas que se habían ofertado estaban vinculadas a un concurso oposición y eran acordes a un procedimiento ordinario”, añade el especialista, que admite que el daño para el resto de categorías “es importante”, pero insiste en que no se deben cargar las tintas contra los demandantes, sino contra la administración. 

Se da la circunstancia de que los decretos de 2019 y 2020 de Oferta de Empleo Público también fueron publicados en el BOC los últimos días de año (el 31 de diciembre el primero y el 28 de diciembre el segundo), por lo que, a tenor de la posición adoptada por el alto tribunal canario, también podrían incurrir en un vicio de nulidad. El último decreto, de 2020, plantea una oferta de consolidación (aún no hay convocatoria de bases) y sí ha sido recurrido por la Confluencia de Médicos y Facultativos de Canarias. Agotada la vía administrativa tras el rechazo del SCS al recurso presentado, este colectivo pondrá en marcha en breve la vía judicial para reclamar su anulación. Demandan un “auténtico” proceso de consolidación que ponga fin a las situaciones de abuso de temporalidad de trabajadores que llevan años encadenando contratos eventuales y sin posibilidad de optar a una plaza fija (la última OPE de especialistas médicos fue en 2007). Los afectados han hecho llegar a las administraciones unos informes elaborados por especialistas en Derecho Administrativo y Constitucional en los que se plantean varias vías de solución, entre ellas la posibilidad de consolidar las plazas mediante un concurso restringido o de méritos regulado por una ley autonómica. El Gobierno regional defiende que debe ser en el ámbito estatal, a través de la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, donde se solvente una situación que afecta a dos de cada tres médicos especialistas que ejercen en la sanidad pública en el Archipiélago.