Canarias, entre las comunidades con más solicitudes para acreditar la condición de víctima de trata o explotación

Canarias es una de las comunidades autónomas españolas en las que más solicitudes de acreditación de condición de víctima de trata y/o explotación se han acreditado. Así lo ha expuesto este martes la directora de Programas Estatales y Autonómicos de Médicos del Mundo España, Ana Belén Durán Muñoz, que ha explicado estos datos en la Comisión de Igualdad del Congreso. Además de Canarias, otras regiones con elevadas cifras de peticiones son Baleares, Aragón, Navarra, Cantabria y Castilla-La Mancha.

Según ha indicado Durán, en los últimos tres años la ONG ha visto a más de 18.000 mujeres en situación de prostitución, explotación sexual o trata, de las que 4.900 están en procesos de recuperación de su salud mental.

También ha apuntado que, entre noviembre de 2022 y junio de 2025, Médicos del Mundo ha elaborado 318 informes de detección de trata y explotación sexual en las 16 comunidades autónomas donde trabaja. Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención para presentar los informes relativos a 'Piedras en el camino, claves para dar respuestas a las supervivientes de trata y/o explotación sexual'.

Asimismo, Durán ha añadido que la ONG ha registrado 317 solicitudes de acreditación de condición de víctima ante organismos publicos, de las que se han concedido 267, lo que supone un 87,4%. Del total, ha explicado que en 205 casos la acreditación se ha traducido “en un acceso real a prestaciones”. En este sentido, ha añadido que, “aunque la víctima es reconocida administrativamente, una de cada cuatro sigue sin poder acceder al apoyo que necesita”.

Así, ha expuesto que son las comunidades autónomas las que establecen los procedimientos, los recursos y prestaciones disponibles, lo que ha dicho que “genera que la aplicación en todo el territorio español no sea uniforme ni equitativa”.

En esta misma línea, ha agregado que la acreditación de víctima obtenida por las mujeres no tiene validez en todo el territorio español. De modo que, tras el proceso burocrático, si la mujer se traslada de territorio a otra autonomía, su reconocimiento deja de tener efecto y tiene que iniciar todo el proceso de nuevo.

“Actualmente, se trata de un procedimiento complejo y confuso, que no ha logrado una aplicación uniforme y homogénea en las diferentes comunidades autónomas. Y todo ello genera inseguridad, estigmatización y revictimización. En la práctica, supone que los derechos reconocidos en la normativa no siempre se materializan en la vida de las mujeres”, ha subrayado.

Por otro lado, Durán ha advertido de otras dos situaciones que “limitan de manera profunda y con alto impacto la inclusión social” de las supervivientes: el empadronamiento y el acceso a las cuentas de pago básicas.

En este sentido, ha recalcado que el actual sistema de acreditación administrativa de la condición de víctima de trata, diferente del proceso de identificación formal que llevan a cabo Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “se basa en un procedimiento imperfecto, que no consigue garantizar adecuadamente la protección”.

Igualmente, ha exigido la aprobación de una ley contra la trata y la explotación sexual de seres humanos, “que establezca procedimientos de detección, de acreditación y de identificación garantistas y que reconozca el rol de las entidades sociales”.

También ha pedido que las supervivientes migrantes en situación administrativa irregular puedan acceder “de manera eficaz y no revictimizante” al sistema de acreditación administrativa.

Precisamente, en cuanto al sistema de acreditación, ha solicitado que se armonice su aplicación en comunidades autónomas “para evitar desigualdades y promover una definición de un catálogo común de medidas asistenciales”.

De la misma manera, ha solicitado que se reconozca el estatus de víctima, “no solo como requisito para acceder a los recursos y ayudas, sino como un acto de reparación y dignificación”.

Asimismo, ha recomendado reforzar el papel de las entidades sociales especializadas en la detección y en el acompañamiento; supervisar el cumplimiento de la normativa en vigor para que ayuntamientos garanticen el empadronamiento de migrantes en situación administrativa irregular; y contemplar la inclusión financiera de las mujeres en contextos de prostitución y trata o explotación sexual como población vulnerable, para que se les facilite el acceso a cuentas de pago básicas en régimen de gratuidad.

En el turno de portavoces, la socialista Milena Herrera ha expuesto que, para el PSOE, la trata “es una clara manifestación de la desigualdad, una forma de violencia extrema” y, además, “el sustento del sistema prostitucional”. Asimismo, ha dicho que hay que “buscar soluciones” y ha trasladado la “voluntad” de la formación para trabajar “con el objetivo de mejorar las carencias que tiene el sistema”.

Mientras, por el PP, Julia Parra, ha señalado que “se está fallando en una lucha contra la trata, no por falta de informes ni por falta de conocimientos, sino por falta de acción en política real”.“ Sin tanta propaganda ni discursos vacíos, desde hace años pedimos una ley integral como la trata que reconozca proteger y reparar y, sin embargo, seguimos atrapados en medidas parciales, planes sin presupuestos y titulares sin ninguna conveniencia”, ha criticado.

Por Vox, la diputada Rocío Aguirre ha denunciado que la permanencia de “personas ilegales” en España “profundiza los problemas de la explotación sexual y la trata y la prostitución”. “Lo que nosotros creemos que hay que hacer, que no paramos de decirlo, es cerrar las fronteras, no permitir que entren en España personas que pueden dedicarse a la prostitución”, ha apuntado.