Canarias gastó siete millones de euros más en el último año de los conciertos sanitarios del franquismo
El Servicio Canario de la Salud (SCS) gastó el año pasado 104 millones de euros en los conciertos de hospitalización heredados de la época franquista y del antiguo Instituto Nacional de Salud (INSALUD). Las clínicas privadas facturaron 7 millones de euros más que en 2017 por este concepto. Se trata de contratos que se remontan a los años sesenta, setenta y ochenta y que se prorrogaron al margen de la legalidad vigente hasta diciembre de 2018, fecha en la que se adjudicó el concurso de hospitalización de media estancia que ha acabado, aunque no en su integridad, con esos conciertos que están siendo objeto de investigación judicial a raíz de un recurso presentado por la formación política Podemos.
Un informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, aún provisional y con datos extraídos de la aplicación informática Seflogic, cifra en 61,5 los millones transferidos a los centros concertados de la isla de Tenerife para hacer frente a la derivación de pacientes y en 42,2 el gasto autorizado en Gran Canaria. En términos porcentuales, el incremento en todo el Archipiélago es del 6,48%. El presupuesto del SCS sobrepasó el año pasado, por primera vez en su historia, los 3.000 millones de euros, con un aumento del 2,7% (77 millones de euros) con respecto a 2017. Por lo tanto, las clínicas privadas no solo han facturado más, sino que el gasto en derivaciones ha crecido en mayor proporción que las cuentas, al menos en el caso concreto de la hospitalización, según se desprende del estudio de fiscalización y en contra de lo manifestado con insistencia por el aún consejero -en funciones- José Manuel Baltar.
Los dos mayores grupos sanitarios privados de las Islas, Hospiten en Tenerife y San Roque en Gran Canaria, acaparan más del 40% de la facturación de los conciertos de hospitalización, incluyendo los heredados del INSALUD y los suscritos con las competencias ya transferidas a la comunidad autónoma. Uno de cada cuatro euros que el SCS gasta por este concepto acaba en las cuentas del gigante de la sanidad privada en el Archipiélago, Hospiten, propiedad de Pedro Luis Cobiella, empresario muy ligado a Coalición Canaria (CC) cuyo nombre apareció en los papeles de Panamá con una sociedad offshore para repartir los dividendos de su holding y eludir el pago de impuestos. Mientras Tenerife sigue esperando para que los denominados hospitales comarcales del norte y sur de la isla se conviertan en centros de segundo nivel de atención, con una cartera de servicios adecuada a la demanda de los usuarios para cumplir con la idea con la que fueron concebidos, Hospiten sigue engrosando su cuenta de resultados a propósito de las derivaciones. En 2018, los conciertos de los años setenta (Belleuve) y ochenta (Sur) le reportaron 28,5 millones de euros a la empresa, dos más que el año anterior.
En términos porcentuales, el incremento de facturación de Hospiten fue exactamente igual al del resto de clínicas privadas de Tenerife, del 7,7%. La Clínica Quirón se llevó 15,2 millones de euros; San Juan de Dios, 14,4, y Febles Campos, 3,34. En total, 61,5 millones frente a los 57,1 de 2017.
En Gran Canaria, el escenario está mucho más fragmentado. De las siete clínicas que aún mantenían conciertos con el antiguo INSALUD, cinco aumentan su facturación y dos la conservan. Destaca el notable incremento del gasto autorizado para dos hospitales de esta isla, de exactamente el 20% para cada uno de ellos: la Clínica La Paloma, que percibió 6,2 millones de euros frente a los 5,2 de 2017, y Clínicas San Roque, el grupo del que fue gerente el actual consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, antes de acceder al cargo, que facturó 6,5 millones el año pasado, 1,1 más que el anterior.
El aumento de derivaciones hacia las clínicas privadas y, en particular, hacia la antigua empresa de Baltar ha sido objeto de controversia en numerosos plenos del Parlamento de Canarias. El consejero se ha abstenido de intervenir en todos aquellos asuntos vinculados a los conciertos por imperativo legal, aunque firmó la orden que amplió en un año el plazo concedido a las clínicas privadas para que pudieran acreditar requisitos que debían cumplir desde 2006. Orden que, por otra parte, ha dejado sin efecto el director del SCS, Conrado Domínguez, a través de una cuestionada carta que permite a los centros de titularidad privada disponer de tres camas por habitación, en contra de los criterios de homologación fijados en 2006 y modificados en 2018, que establecen un máximo de dos.
Además del concierto de hospitalización con su clínica en Las Palmas de Gran Canaria, que se remonta a 1978, San Roque tiene suscrito un contrato firmado en 2016 con el SCS para la derivación de pacientes en la zona sur de la isla, en Maspalomas, adjudicación por la que recibe cada año 11,4 millones de euros. En total, 18 millones de euros, diez menos de los que recibe Hospiten en Tenerife.
Según los datos recabados por la Intervención General, el aumento del gasto en derivaciones es menor en el resto de los centros privados de Gran Canaria. El Perpetuo Socorro cobró el año pasado 9,7 millones de euros por esta vía, un 1,5% más que en 2017; Vithas Santa Catalina, 6,9 millones (un 3,57% más), e ICOT Ciudad de Telde, 4,6 millones (un incremento del 2,35%). La Clínica Cajal (5,7 millones) y la Clínica San José (2,4) se mantuvieron en las mismas cifras que el pasado ejercicio. Los conciertos heredados del INSALUD, de los que quedan excluidos, por tanto, los de la zona sur (algo menos de 12 millones, ya que al de San Roque hay que añadir los 336.000 euros de Hospiten Clínica Roca) sumaron en Gran Canaria 42,2 millones frente a los 39,6 de 2017.
Los contratos de hospitalización son solo una parte de los conciertos suscritos entre el SCS y las clínicas privadas, que también incluyen los vinculados a intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas, consultas, prótesis, anatomía patológica o salud mental, entre otros sobre los que no se detalla el gasto autorizado en el informe de Intervención.
