Canarias tardará, al ritmo actual, cuatro años en atender a las 9.000 personas que esperan por la ayuda a la dependencia

Imagen de archivo de una persona en silla de ruedas.

Jennifer Jiménez

Las Palmas de Gran Canaria —

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Canarias vuelve a suspender en gestión de la ley de dependencia. A pesar de que ha registrado el mejor dato de su historia, con 21.000 personas dependientes a las que se les está dando atención, en realidad sigue siendo el peor dato de todo el país. Casi 9.000 personas que tienen reconocido este derecho siguen esperando y, al ritmo actual, pasarán cuatro años hasta que se les haya dado la prestación que necesitan. Son datos extraídos del último dictamen de la Asociación de Directoras y Gerentes Sociales hecho publicado este jueves.

En un año, Canarias ha incorporado al sistema a 2.221 personas, lo que supone un 11,4% más que en 2017. Sin embargo, apenas ha conseguido reducir su “altísima tasa de personas desatendidas, la segunda peor de todo el país, un 29,3%”, asegura el estudio. 

El informe explica que el 40% de las ayudas que se han dado en el último año son en forma de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. Un dato que va en contra de la tendencia del resto del país y que “supone empeorar la financiación estatal (que penaliza las prestaciones) y generar menos empleo y retornos”, destaca la asociación.

El dictamen aclara que el sistema de atención a la dependencia, a pesar de sus carencias en Canarias, ahora mismo genera 4.820 puestos de trabajo directos, con una tasa de generación de 33 empleos por millón invertido. Sin embargo, la asociación advierte de que el empleo no remontará en la comunidad autónoma si no se abandonan las prestaciones para cuidados en el entorno familiar y se avanza hacia otros servicios que generen empleo, tales como la ayuda a domicilio. 

En el estudio se subraya que sorprende la apuesta del Gobierno de Canarias por los centros de día como segunda prestación, con un porcentaje superior al 20% de la cartera de servicios, “y que contrasta con la total ausencia en la misma de un recurso tan versátil con la ayuda a domicilio, con sólo 5 usuarios en toda la comunidad autónoma”. 

Por ello, el dictamen concluye que “es evidente que el modelo de prestaciones y servicios seguido en Canarias no favorece la creación de empleo ligado a la atención a la Dependencia. Con una tasa de generación de 33 empleos por millón invertido, es considerablemente inferior a la media nacional, situada en 37,7 empleos por millón invertido”. 

No obstante, el Sistema generó en el último año más de 55,9 millones de euros provenientes de las cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados... De hecho, la tasa de recuperación del gasto público es del 37,79 % del total invertido.

El coste total del sistema es apenas de 177 millones

El Observatorio para la dependencia detalla que el coste total del sistema en Canarias apenas alcanza los 177 millones de euros, de los cuales la comunidad autónoma aporta el 80% del gasto público (118 millones) y el Estado el 20% restante (29 millones). En este sentido, recoge que el Archipiélago ha dejado de recibir del Estado 10,9 millones de euros en 2018 como consecuencia de los recortes en los últimos años y, desde 2012, ha dejado de percibir 76 millones de euros. 

La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales estima que con ese dinero se podrían haber atendido 1.711 nuevos dependientes, y se hubiesen podido crear 353 nuevos empleos en la Comunidad Autónoma. Además, de haberse aprobado el incremento los 415 millones del nivel mínimo de protección contenidos en el Pacto de Estado por la Dependencia, Canarias recibiría 9,1 millones para reforzar el sistema.

El promedio de gasto por dependiente en las Islas se sitúa en similares términos al del conjunto del país, con un promedio de 6.343 euros por persona dependiente, donde los centro de día, atención residencial y las prestaciones económicas suponen el 57% de su cartera de servicios. En cambio, el promedio de gasto por habitante en un 131% inferior a la media nacional, con la cuantía de 60,52 euros, lo cual es consecuencia de ser la región con peor tasa de cobertura de todo el país, pues apenas atiende a 10,28 dependientes por cada 10.000 habitantes. 

La valoración de solicitudes, estancada

El informe también refleja que el incremento de valoraciones pendientes (lista de espera para valoración) “está siendo palmario” y es “un grave problema que oculta la desatención”. Con fecha de diciembre de 2018, había 48.834 personas que habían tramitado una solicitud, de las que han sido valoradas 35.850, pero es que a finales de 2017 la cifra de solicitudes era de 47.444 y las valoradas 35.898, con lo que en un año apenas ha variado. 

A juicio de la asociación, “unos de los graves problemas que afronta Canarias es la falta de integración de las atenciones entre Gobierno Insular y Cabildos. Hasta que no se den pasos en ese sentido, será imposible mejorar el sistema”. 

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