Las cárceles de Gran Canaria y Tenerife sufren déficit de personal y de espacio para los internos

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha respondido a la petición de informe sobre la situación de los centros penitenciarios de Canarias realizada por el Diputado del Común, Rafael Yanes, tras visitar los centros ubicados en Tenerife y Gran Canaria.

Rafael Yanes solicitó información sobre la alta ocupación del Centro Tenerife II, así como por el actual uso compartido de las celdas que fueron construidas inicialmente para ser utilizadas por un solo interno debido a sus dimensiones. También se solicitó información sobre la escasez de funcionarios en el Centro de Las Palmas II, así como por la falta de plena ocupación del Centro, máxime teniendo en cuenta la saturación que sufre el Centro de Tenerife.

Entre los datos ofrecidos en dicho informe cabe resaltar que, en relación a la alta ocupación del Centro Penitenciario de Tenerife II y el reducido espacio disponible en las celdas, cuenta con 778 celdas residenciales y 88 celdas auxiliares. La superficie de las residenciales es de 8,2 m2 desde su construcción y se encuentran habilitadas para poder ser ocupadas por dos internos. La ocupación en los módulos residenciales abiertos es de 822 personas.

Sobre el espacio físico de la celda, según informa la Administración, hay que tener en cuenta que como ocurre en otros establecimientos penitenciarios, éstas puedan ser compartidas por dos internos, pues en el sistema penitenciario español, a diferencia de otros sistemas penitenciarios, los internos no pueden permanecer en sus celdas más allá del tiempo estipulado de descanso nocturno o en un breve periodo de descanso tras la comida de mediodía.

Con ello, este espacio habitacional no es el que da contenido a la estancia en prisión, pues la organización del centro lo que pretende es que el interno se relacione con otras personas y participe en las diferentes actividades que se organizan de manera colectiva (deporte, formación académica, grupos terapéuticos, formación ocupacional, formación laboral, etcétera).

En cuanto a la falta de funcionarios en el Centro Penitenciario de Las Palmas 11, señala la Administración que el Centro cuenta con 1.036 celdas residenciales y 124 celdas auxiliares, de las cuales actualmente 800 se encuentran abiertas y 360 se encuentran sin abrir. A este respecto se está realizando un importante esfuerzo para dotar de nuevos efectivos profesionales, de manera que el Centro pueda ir habilitando de manera paulatina nuevas unidades residenciales.

Las previsiones que tiene la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias es seguir acometiendo nuevos y sucesivos procesos selectivos de personal y de esta manera poder aumentar la relación de puestos de trabajo de dicho centro penitenciario para optimizar todas las instalaciones de que dispone el Centro.

Actualmente se encuentran en proceso de selección personal del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (II.PP.) 831 plazas; Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, 35 plazas, y Cuerpo Especial de II.PP., 40 plazas.

A fin de proseguir con la tramitación del presente expediente, desde el Defensor del Pueblo han solicitado información ampliatoria a la Administración sobre la superficie disponible en las celdas del Centro Penitenciario Tenerife II, una vez descontada la superficie correspondiente a las literas, armarios y zona de aseo, así como de los horarios regimentales que han regido durante el presente año 2019 en el referido establecimiento.

Y por lo que se refiere a la falta de plena ocupación del Centro Penitenciario de Las Palmas II, se ha solicitado información a la Administración de cómo repercutirán en este establecimiento los incrementos en las dotaciones de funcionarios a las que se hace referencia en su último escrito. Es decir, cuántas de las celdas actualmente no operativas podrán entrar en uso, merced a la dotación de nuevo personal.

El Diputado del Común, Rafael Yanes, mostró su agradecimiento al Defensor del Pueblo por su colaboración en los asuntos de competencia del Estado y manifestó du decisión de continuar con la labor de vigilancia en los centros penitenciarios de Canarias para que se respeten los derechos fundamentales de los internos.