Condenados tres médicos del Materno por homicidio imprudente tras un parto
Tres médicos del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria han sido condenados a dos años de prisión por homicidio imprudente tras la muerte de una mujer a la que no aplicaron el tratamiento adecuado para frenar la hemorragia que sufrió tras dar a luz, detalla la sentencia.
Los condenados son el jefe de Ginecología y Obstetricia, José Ángel García, quien se encuentra en Camerún tras haber sido evacuado del Chad, donde se encontraba cooperando en un hospital de este país, la doctora Margarita Medina Castellano y la médico residente Alicia Martín Martínez.
La sentencia considera probado que el 14 de agosto de 2001 ingresó de parto Pilar Batista Rodríguez, a quien al amanecer del día siguiente la médico residente con supervisión de la adjunta asistió con fórceps porque se detectó sufrimiento fetal.
Simultáneamente se produjo una hemorragia abundante y desprendimiento prematuro de la placenta, a pesar de lo cual la paciente no fue examinada para comprobar si se había producido la rotura del útero -tal como sucedió por el uso de fórceps-, y conocer el origen del sangrado para poder tratarlo.
Las dos médicos dejaron a la mujer a las 7.40 horas en la sala de puerperio con un cuadro de tensión “alarmante”, taquicardia, palidez, sudor frío y síntomas claros de una hemorragia que precisaba un tratamiento adecuado como transfusión de sangre, exploración cardio-respiratoria y tenerla en observación, detalla la sentencia.
El jefe de servicio de guardia aquel día, José Ángel García, fue informado del parto, del sangrado y del desprendimiento de la placenta, así como de los síntomas que presentaba la paciente, pero la mantuvo en el puerperio sin realizar exploración alguna.
A las 8.03 horas de la mañana, dada la gravedad de la paciente, los médicos acudieron y aplicaron el tratamiento, pero ya era tarde porque se desencadenó el fallecimiento de la mujer.
La sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de la capital grancanaria condena a los médicos, además de a dos años de prisión, a inhabilitación para ejercer la profesión durante cuatro años y a pagar, junto a la aseguradora Agrupación como responsable civil directo y como subsidiario el Servicio Canario de Salud, a los hijos y familiares de la fallecida con más de 300.000 euros.
