El Consultivo no reconoce el derecho de los profesores a la homologación
El Consejo Consultivo de Canarias ha estimado que “no existe en la actualidad un derecho a la homologación retributiva de los funcionarios docentes no universitarios con el resto de funcionarios de la Comunidad Autónoma”. Así se recoge en el dictamen número 85/2008, de 7 de marzo, aprobado por mayoría y emitido por dicho órgano de consulta a solicitud del Gobierno de Canarias.
En dicho dictamen se hace constar que en la Ley 4/1991, la homologación estaba sujeta a un plazo temporal de cinco años y a los términos fijados en la citada ley, es decir, a los puestos base de la Administración Autonómica.
El Consejo Consultivo recuerda que ya expresó sus reparos a la citada Ley al considerar que la actividad docente no es homologable materialmente a cualquier otra actividad de gestión administrativa de un servicio público, como ocurre con la sanitaria, no compartiendo la pretensión de igual titulación igual retribución, sino a igual función, igual retribución.
Hay que señalar que el dictamen se acompaña del voto particular de dos consejeros al considerar que la homologación es un derecho reconocido sin más límite temporal que la vigencia de la norma, por lo que el personal docente debe continuar en iguales condiciones de homologación retributiva que en la Ley del 91, es decir, en relación con las que corresponden a los puestos base de la Administración.
En este sentido, la Consejería de Educación aclara que la reivindicación actual del profesorado tampoco se puede fundamentar en el voto particular emitido, puesto que lo que ahora reclaman los sindicatos es un incremento de sueldo para equipararse a la media retributiva de los funcionarios de igual categoría y titulación y no al puesto base, que sigue estando contemplado y que por lo tanto, ya es percibido por todos los docentes.
Con el dictamen emitido por el Consejo Consultivo, el Gobierno de Canarias entiende que queda de manifiesto la inviabilidad legal de la homologación retributiva amparada en la Ley 4/1991.
