Cuatro años de espera para un juicio en Canarias
El atasco que sufre la Administración de Justicia lleva a tales niveles en Canarias, que algunos jueces de las islas están fijando juicios a tres y cuatro años vista, según recoge el informe anual del Defensor del Pueblo.
La defensora Soledad Becerril subraya en la memoria que este jueves ha entregado al Congreso que “la demora en los señalamientos de vistas sigue causando un evidente malestar ciudadano”, en un problema que afecta prácticamente a todas las comunidades autónomas.
La institución menciona entre las causas de ese retraso la falta de medios, a la que se ha sumado la creciente litigiosidad que soportan como consecuencia de la crisis económica los Juzgados de lo Social, que “antes eran un ejemplo de agilidad”.
En su informe, Becerril cita varios ejemplos, entre ellos una queja relativa al Juzgado de lo Social número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que en un procedimiento de 2012 fijó la fecha de juicio para el año 2016, cuatro años más adelante.
Los retrasos también afectan a la jurisdicción Contencioso Administrativa, donde se resuelven los pleitos de los ciudadanos y las empresas contra la administración.
La defensora pone como ejemplo otro caso de Las Palmas de Gran Canaria, donde el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 fijó el año pasado una vista para noviembre de 2015.
La institución también ha recibido quejas sobre los retrasos en el único Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Gomera, que en este caso atribuye a “deficiencias estructurales”.
“El Consejo General del Poder Judicial informó de que la pendencia en dicho órgano venía motivada por la elevada cantidad de diligencias previas que se habían acumulado en los últimos años y por la especial complejidad de la instrucción de los delitos investigados: delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo, protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, delitos contra la Administración Pública, etcétera”, explica.
