La Defensora del Paciente ve omisión del deber de socorro en las residencias canarias

Una usuaria de una residencia en Gran Canaria recibe la visita de un familiar.

La presidenta de la asociación del Defensor del Paciente, Carmen Flores, se ha reunido por videoconferencia con el Diputado del Común, Rafael Yanes, y ha remarcado que la situación de las residencias de mayores en Canarias, según el informe correspondiente de 2019, no es un tema únicamente administrativo, sino judicial.

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"La omisión del deber de socorro se trata por la vía penal y, en este caso, la Fiscalía no puede hacer oídos sordos", detalla en una nota, indicando que todos son "responsables", desde la administración pública "hasta el último trabajador que haya tenido constancia de irregularidades y no haya acudido al juzgado o a la Fiscalía".

La fiscal Rosa Rubio, responsable del área en la provincia de Las Palmas, ha asegurado que sí se han realizado inspecciones y que lo expuesto en el Informe Extraordinario sobre Centros de Atención Residencial "no es la fotografía" que la Fiscalía tiene de los centros. Además, la Diputación del Común no envió el documento a Fiscalía porque no vio delito.

Así, considera que son necesarias las inspecciones sin previo aviso para asegurar que estos sitios funcionen a la perfección, que estén limpios y tengan personal suficiente para dar los cuidados que necesita el colectivo.

Yanes asegura que en algunas de las residencias canarias en las que se detectaron irregularidades no se recibían inspecciones por parte de la Consejería de Derechos Sociales desde hacía 3 años, y en otras muchas ni tan siquiera recordaban cuándo había sido la última.

"Los defensores del pueblo no tenemos poder ejecutivo sobre la administración pública, pero al hacer nuestro trabajo de forma seria e independiente, ganamos una autoridad moral que hace que las administraciones reaccionen a los informes que realizamos, que es lo que ha sucedido con el de los centros de atención residencial para personas mayores en Canarias", comenta.

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