Los empleados públicos temporales piden al Gobierno que asuma la propuesta de la expresidenta del Constitucional para hacerlos fijos

Los empleados públicos afectados por el abuso de los contratos temporales sucesivos han iniciado este lunes una “acción espontánea” en las redes sociales para pedir al Gobierno central el impulso de una ley que contemple la propuesta recientemente planteada por María Emilia Casas, presidenta emérita del Tribunal Constitucional, para acabar con este “mal endémico” en las administraciones españolas. La catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social ha firmado un informe en el que aboga por convertir en trabajadores fijos “a extinguir” al personal que haya sufrido esta situación, más de 800.000 en todo el país. 

Bajo el lema Más de 800.000 empleados públicos apoyamos la Ley María Emilia Casas y el hashtag #FijezaYaesConstitucional, esta reivindicación individual que se ha viralizado en Twitter y Facebook, intenta promover que el ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta, promueva una ley que lleve el nombre de esta magistrada que, a juicio de los empleados públicos, “ha encontrado una solución justa y constitucional al problema de los trabajadores en abuso de temporalidad”.

El informe de la magistrada aboga por acometer esta reforma “con urgencia” ante la “infracción flagrante” y continuada del derecho europeo y la ausencia en el ordenamiento jurídico español de medidas “eficaces y efectivas” para sancionar el abuso de la temporalidad.

Los empleados públicos aplauden que la jueza niegue que la solución propuesta vulnere los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, tal y como defiende el Ejecutivo, y recuerda que, a excepción de determinados casos, los interinos se han sometido a pruebas de acceso bajo estos parámetros y que el Constitucional ya ha ratificado la validez del reconocimiento de los servicios prestados.

El conjunto de los empleados públicos en abuso de temporalidad, aglutinados en distintas asociaciones en todas las comunidades autónomas, recuerdan al Gobierno de España y el ministro Iceta que “ya no se puede escudar en que jurídicamente no es posible estabilizar al personal en abuso de temporalidad sin pasar por unas Ofertas Públicas de Empleo (OPE), ni tampoco en que no sería constitucional, ya que este informe demuestra fehacientemente que ambas premisas no se sostienen”.

Además piden al ministro Iceta valentía para adoptar “una solución excepcional para una situación excepcional. Que dé un paso al frente y no deje no deje que miles de familias terminen en la calle después de años de servicio en precariedad por la mala gestión de las Administraciones Públicas españolas”.