Una familia de Arucas vive en una casa insalubre por los vertidos de aguas fecales de sus vecinos
“Tenía la esperanza de que durante mis últimas semanas de embarazo no tuviera que estar preocupada por los problemas de mi vivienda”. Así se expresa Isabel Almeida, una mujer que vive junto a su marido y su hijo de 14 años en una casa considerada desde 2008 por el Ayuntamiento de Arucas como “insalubre” por las humedades y los fuertes olores percibidos, procedentes de los vertidos de aguas fecales de las tuberías que atraviesan parte de su domicilio y que corresponden a sus vecinos.
Almeida, que está a punto de dar a luz, pide ser realojada en otra vivienda ya que insiste en que tanto ella como su hijo mayor padecen de problemas respiratorios y tiene informes médicos que le recomiendan cambiar de domicilio. Además, señala que hay momentos en los que las tuberías se atascan y su casa se impregna además de aguas fecales, de objetos y basura, por lo que los malos olores son frecuentes.
Esta mujer alega que hace diez años que compró esta vivienda y todavía se encuentra pagando su hipoteca. Sus problemas de humedades comenzaron en 2007 y, por ello, ha denunciado a los vecinos ante la justicia y ha expresado su situación al Consistorio capitalino.
Al año siguiente, los técnicos del Ayuntamiento declararon la casa “insalubre”, por lo que la familia decidió mudarse de alquiler. Sin embargo, según cuenta esta mujer, las deudas se multiplicaron al tener que seguir haciéndose cargo del pago de la hipoteca de su vivienda, además de la nueva casa, facturas, alimentos... razón por la que en 2012 deciden regresar a su propiedad, aunque “la situación cada vez ha ido a peor”, puntualiza.
Ese mismo año, otro informe del Consistorio aruquense refleja que en la calle donde se sitúa la vivienda, Altavisa número 1, en la zona de la Cruz de Arucas, existe una red general de alcantarillado donde deberían estar conectadas todas las viviendas, “sin causar daños a terceros”.
Almeida explica que su marido dispone de un trabajo y de un suelo que no le ha fallado y que además ella cobra una pequeña paga por discapacidad, “no vivo en la indigencia”, a pesar de que puntualiza que sí que se han producido momentos en los que ha precisado de ayuda o en los que ha tenido que vender parte de sus pertenencias. Sin embargo, insiste en que “no es justo” que aún pagando su casa tenga que vivir en estas condiciones y añade que si no se marcha es porque en estos momentos su economía no se lo permite.
La familia pretende que le faciliten un alquiler social mientras tramitan con el Gobierno de Canarias la solicitud de una vivienda pública ya que “con el nuevo bebé no sé como nos vamos a hacer viviendo en un salón y un baño”, indica.
La ciudadana manifiesta que su casa consiste en un semisótano que más tarde ampliaron con un anejo que habilitaron hace años, donde se encuentra un saló; una habitación; un patio y un baño, que es el único que puede utilizar y que no se atasca ya que no depende del resto de la edificación. Sin embargo, añade que la terraza siempre tiene que estar cerrada porque “el olor es mortal”, aclara.
El caso está judicializado y será el próximo mes de diciembre cuando se celebre el juicio. Por este motivo, el Consistorio del municipio norteño apunta que no puede hacer nada hasta que un juez indique quién tiene la razón y señalan que se trata de “un problema vecinal”.
Desde el Ayuntamiento, el concejal del área Gustavo Viera expone que no pueden realojar a la familia en otra casa porque es competencia del Gobierno de Canarias y apunta que lo que sí que podrían hacer es ayudarles con un alquiler social, pero según el edil aún no disponen de la solicitud formal y agrega que esta petición, en cualquier caso, tiene que ser estudiada según una serie de parámetros.
Asimismo, Viera aclara que el actual alcalde de la ciudad se ha interesado por el caso y ha acudido a ver la vivienda, constatando los problemas de humedades y de malos olores que ha relatado la familia afectada.
No obstante, la afectada tiene un resguardo en el que consta que ha presentado en el Consistorio el día 26 de octubre la petición de acogerse a una vivienda pública en el régimen de alquiler y dicho documento está sellado por esta administración.
Para Isabel Almeida la solución debe ser más sencilla y considera que ante la tardanza de la ley “no puede esperar” y seguir viviendo en esa casa y más aún cuando viene otro bebé en camino. “Mi hijo, con sólo 14 años incluso se pone a mirar alquileres todos los días” y “la situación está afectando a mi embarazo, que tiene cierto riesgo”, puntualiza entristecida esta ciudadana.
La mujer ya ha recaudado más de 6.000 firmas en la plataforma Change.org en la que ha lanzado su reclamo por una vivienda que cuente con condiciones adecuadas donde sacar adelante a sus hijos.
