El Gobierno de Canarias y Cruz Roja reconocen un aumento de la pobreza por la precariedad del empleo
Gobierno de Canarias y Cruz Roja han coincidido este martes en afirmar que la pobreza persiste e incluso sigue creciendo en las islas pese a que algunos indicadores económicos mejoran debido, en buena medida, a la precarización del empleo, que no permite al trabajador cubrir sus necesidades básicas.
Y es que, pese a que “los datos macroeconómicos parecen indicar que hay algunos valores que hacen mejorar la economía” y hasta “se habla ya de la mejora del empleo en los últimos meses y es verdad que se ha reducido el paro”, lo cierto es que “hay que mirar la calidad del empleo”, ha destacado el comisionado del Gobierno para la Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, Néstor Hernández.
Puesto que “a veces se habla de que estamos mejor, porque hay más gente trabajando, pero los trabajos son precarios, los sueldos son muy bajos y, entonces, toda esa gente que ya ha conseguido un trabajo viene a Cruz Roja a pedir ayuda, porque con lo que ganan no les da para vivir”, ha expuesto en la misma línea el presidente regional de la organización humanitaria, Gerardo Mesa.
Antes de reunirse con Néstor Hernández en el marco de una ronda de encuentros que este nuevo cargo del Ejecutivo autonómico ha iniciado con el propósito de tomar el pulso de los agentes que actúan en las áreas de su competencia, Gerardo Mesa ha cifrado en unas 50.000 las personas a las que atiende en Canarias directamente su organización por padecer “extrema pobreza”.
Un fenómeno este que, en todo caso, “sigue aumentando” en el Archipiélago pese a los menajes sobre que la economía está mejorando, ha insistido el presidente regional de la Cruz Roja.
92.000 personas sin prestación
En línea con su parecer, el comisionado para la Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza ha querido subrayar un dato que ha opinado que apunta a que quienes pasan necesidad son más de los que podría pensarse a primera vista: “El diferencial de más de 92.000 personas (paradas) que existe entre la Encuesta de Población Activa y los datos del Instituto Nacional de Empleo”.
Lo cual “quiere decir que hay unas 92.000 personas que están sin ningún tipo de prestación”, ha concluido Hernández, que, ante la existencia de ese colectivo, ha abogado por “salir en su auxilio, por una cuestión, simplemente, de justicia social”.
Además, ha instado a prestar mayor atención al segmento de la sociedad conformado, según ha dicho, por “lo que algunos economistas desde hace algunos años llaman el precariado”.
Un término que ha explicado que define a “ese grupo de personas con alto nivel de formación que están entre los 25 y los 40 años y a los que el sistema les ha condenado a inestabilidad laboral, incertidumbre permanente y, además, con sueldos bajos, lo que les impide desarrollar un proyecto de vida”.
Néstor Hernández ha considerado que esas son unas personas que padecen “precariedad en un doble sentido, por la temporalidad y por la precariedad de las condiciones económicas”, y no son tenidas en cuenta porque sus necesidades pasan desapercibidas al figurar en las estadísticas simplemente como trabajadores en activo, sin analizar si ello les permite o no cubrir realmente sus necesidades.
Y, frente a esa situación, ha apostado por “ponerle nombre y rostro” a ese grupo de población, porque, según ha argumentado, “es el mejor cualificado, el que puede generar opinión, el que puede generar condiciones de progreso y, sin embargo, es el maltratado” por la sociedad actual.
