El Gobierno de Canarias recuerda que se mantiene la limitación de licencias de VTC con una por cada 30 taxis

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno canario ha remitido este martes un escrito de coordinación a los siete cabildos insulares apuntando que en el archipiélago se deberá continuar aplicándose lo recogido en la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias que establece una limitación de una licencia de VTC por cada 30 de taxis.

Este escrito se remite después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya dictado una sentencia en la que recoge que limitar la licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) en el área metropolitana de Barcelona “viola la legislación europea”. Sin embargo, desde la consejería canaria se subraya que esto “no afecta al territorio insular”, por lo que se mantiene la limitación en las islas.

En concreto, la Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias ha enviado el escrito de coordinación a los cabildos porque son los que ostentan las competencias en el transporte terrestre y con el objetivo de “dejar claro que la sentencia europea sobre las VTC en Barcelona no abre la posibilidad a cambios en la normativa que rige en la comunidad autónoma”, según ha informado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

En el escrito dirigido a los cabildos se establece en la mencionada sentencia que la contingentación o cupo de VTC “no puede ser establecida atendiendo a criterios de tipo económico, por eso desde la dirección general se considera que Canarias no se encuentra afectada por la misma en base al artículo 4 de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias”.

Este dicho artículo se recoge que esta proporcionalidad de los VTC en las islas “obedece al objetivo de alcanzar la máxima calidad y seguridad” en la prestación de la actividad de transporte por carretera, así como a la reducción del impacto y del coste medioambiental del mismo. Por ello consideran que su aplicación en las islas “no obedece sólo a criterios económicos como sí ha ocurrido en el caso de Barcelona”.

Añade que el cupo de Canarias se centra en la necesidad de regular el transporte en territorio insular basándose en la insularidad y en la caracterización de ser una región ultraperiférica y no obedece a aspectos económicos como es el caso de la sentencia sobre el Área Metropolitana de Barcelona, “ajustándose en el caso de Canarias a proteger el territorio y a la ordenación del transporte”.

Atendiendo a ello se concluye que Canarias “no se encuentra afectada por dicha sentencia y, por tanto, debe seguir aplicándose lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, que fija la proporcionalidad de las autorizaciones”.

Estos artículos establecen que los cabildos insulares denegarán las autorizaciones si se produce una situación de desequilibrio entre la oferta de transporte público discrecional interurbano de viajeros (taxis) y de arrendamiento con conductor (VTC), así como que dicho desequilibrio se producirá cuando en cada isla la relación entre ambos tipos de transporte sea superior a un VTC por cada 30 taxis.