El Gobierno canario ha pagado más de 40 millones de alquiler durante 14 años por un edificio que pudo comprar en 2010

El Gobierno canario ha gastado más de 40 millones de dinero público durante 14 años en el alquiler de un edificio de la empresa Carlacand S.L., propiedad de la familia del constructor Antonio Plasencia (condenado por el caso de Las Teresitas, y en la cárcel junto al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador, Miguel Zerolo), a pesar de que ha podido ejercer la opción de compra desde 2010 por 46 millones de euros. El inmueble, ubicado en la Avenida Tres de Mayo de Santa Cruz de Tenerife, es actualmente la sede de la Consejería de Educación del Ejecutivo regional y por él se continúa pagando el alquiler a esa empresa, que ha recibido en concepto de arrendamiento más del 90% del valor tasado del inmueble.

El contrato de arrendamiento con opción de compra se firmó en 2005 entre María Eugenia Plasencia Romero, en representación de la empresa, y Alfonso Fernández Molina, director general de Patrimonio y Contratación de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias en ese entonces. Este acuerdo contemplaba que, durante diez años, el Ejecutivo regional pagaría 2.978.414 millones de euros anualmente para destinar el edificio, de seis plantas y tres niveles subterráneos, a oficinas administrativas y plazas de garaje, abonadas mensualmente con 248.000 euros.

Un informe de Patrimonio de 2005 sostenía que la Comunidad Autónoma “necesitaba disponer en un breve plazo de tiempo de locales de oficinas y plazas de garaje que permitieran ampliar las dependencias administrativas de departamentos y servicios en Cabo Llanos”, barrio de la capital tinerfeña en el que se ubica el Edificio de Servicios Múltiples II, el Palacio de Justicia o las sedes de las consejerías de Hacienda y de Presidencia. Y se estimó entonces que la manera idónea para obtener ese espacio era alquilar a Carlacand S.L. el inmueble y cargar a la Comunidad Autónoma el mantenimiento de las instalaciones, los gastos de consumo de agua, electricidad o telefonía, en lugar de comprar de forma fraccionada.

Una vez finalizaron los cinco primeros años del contrato, el Gobierno regional podía ejercer su derecho de compra, siempre que avisara con tres meses de antelación a la empresa propietaria. Así estaba estipulado en el contrato porque los beneficios fiscales de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), a la que se acogió la empresa constructora, establece que el propietario no puede vender antes de que transcurran cinco años si quiere acogerse a esas exenciones. Esto suponía un beneficio importante para Carlacand S.L., puesto que no perdió ese ahorro fiscal, se le pagó el arrendamiento durante diez años, que se han prorrogado hasta la actualidad y, en caso de vender, recibiría 46 millones de euros.

En caso de que el Gobierno autonómico hubiese llevado a cabo la compra, se le hubiese descontado el 30% de lo pagado en alquiler hasta entonces. Pero en los diez años de duración del contrato jamás se ejerció esa opción por “restricciones presupuestarias”, según un informe de Patrimonio, y debido a la compra de otros dos edificios en 2012: el Edificio de Usos Múltiples III por 2.523.079 euros en Las Palmas de Gran Canaria, y Prodamer, por 1.160.963 euros, en Santa Cruz de Tenerife. Esos otros dos inmuebles tenían las mismas condiciones que el de Antonio Plasencia: opciones de compra al término de los primeros cinco años, que sí se ejecutaron.

Cuando se acercaba el final de los diez años estipulados en el contrato, existía la opción de volver a renovarlo por otra década. Sin embargo, el director General de Patrimonio en ese entonces, Abel Morales, estableció una prórroga de dos años, puesto que mantener el acuerdo establecido en 2005 suponía “un gasto enorme en alquileres y al final del contrato la administración habría abonado más del doble del valor del edificio en caso de ejecutar la opción de compra”, según un informe del órgano dependiente de la Consejería de Hacienda. La otra opción que se barajó, la construcción de un edificio propio de la Comunidad Autónoma, se descartó al ser “totalmente inasumible”, ya que “se tardaría un mínimo de tres años” en los que se seguiría pagando la renta a la empresa de Plasencia, además del coste del nuevo inmueble.

Para llevar a cabo la prórroga del contrato, modificando el inicialmente establecido, Patrimonio encargó un informe técnico al arquitecto Rafael Miranda, para establecer el nuevo precio que se debía pagar por la renta, de cara a actualizarla al valor real de mercado. También se le pedía que valorase si lo más aconsejable era alquilar el edificio por dos años para comprarlo en ese periodo: “El escenario más favorable es el de la renovación del alquiler durante dos años con un horizonte en la compraventa del edificio antes de la finalización del contrato”, porque en Santa Cruz de Tenerife no existía “un solo edificio en alquiler que sea capaz de albergar un mínimo de 685 trabajadores”, reflejó Miranda.

Esta decisión fue ratificada por Patrimonio el 22 de julio de 2016 con firma de Abel Morales. En este documento, Patrimonio estimó que la prórroga de dos años del contrato suponía otro desembolso de casi siete millones de euros en arrendamiento, y añadía que esta decisión contaba con crédito suficiente en los Presupuestos de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, además de los informes favorables del Servicio Jurídico e Intervención. Por ello, tras la elaboración de un estudio de mercado se actualizaron los precios: la renta mensual que pagaba el Gobierno a Carlacand S.L. pasó de 248.000 euros a casi 300.000, cifra que superaría posteriormente, al volver a prorrogarse hasta el 31 julio de 2019.

Esto implica que 14 años después de que el edificio Tres de Mayo entrara en funcionamiento para albergar oficinas administrativas, la Comunidad Autónoma no solo ha gastado más de 40 millones de euros, sino que, de ejercer ahora la opción de compra, el propietario recibiría cerca de 80 millones de dinero público. Y lejos de elegir esta opción, que contribuiría a reducir la cifra que engorda cada año, el director general de Patrimonio en 2018, Francisco Javier González, propuso iniciar un nuevo expediente para arrendar con opción de compra otro inmueble de la zona, también propiedad de la empresa de la familia Plasencia con la misma fórmula. Sin embargo, este proyecto fue desestimado por Patrimonio y quedó abortado.