El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria incumple resoluciones judiciales que le obligan a admitir a veterinarios

Dos veterinarias trabajando con ganado vacuno.

Los colegios de veterinarios de las provincias de La Palmas y Santa Cruz de Tenerife continúan reclamando que se les permita acceder a puestos en el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria porque consideran injusta su exclusión. Les avala una sentencia judicial del 27 de julio de 2017, cuando la Sección Segunda de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de Tenerife ordenaba modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para incluirles. Y un auto reciente de la misma sala del TSJC, del pasado 27 de octubre, en el que anula la modificación de la RPT que realizó el Gobierno regional de Coalición Canaria en noviembre de 2018, que también excluía a los veterinarios.

“No estamos pidiendo que nos enchufen en un puesto, estamos pidiendo que podamos acceder, es injusto que no estemos”, señala Marisa Fernández, presidenta del colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife. Para defender su tesis, ahonda que los veterinarios “no solo somos los médicos de los perros, gatos o vacas”, pues también tienen conocimientos sobre seguridad alimentaria y están habilitados para “revisar todos los alimentos de origen animal que llegan a nuestra mesa”.

Los colegios de veterinarios pidieron poder acceder, al igual que otras titulaciones reconocidas como biólogos, a las convocatorias de las plazas de jefe de sección de Laboratorio, jefe de servicio de Seguridad Alimentaria, jefe de sección de Seguridad Alimentaria y jefe de sección de Coordinación de Mataderos del Servicio Canario de la Salud. Al no obtener respuesta de la administración, acudieron a los tribunales, que les dio la razón porque no se justificaba su exclusión.

El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, entidad pública creada en 2005, se encarga de vigilar el control y certificación de la calidad de los productos, entre otras funciones. Y el TSJC reconoció que los veterinarios tienen competencias profesionales para desempeñar dichas funciones: desde el control de la higiene, la inspección y la tecnología de la producción y elaboración de los alimentos de origen animal destinados al consumo hasta el conocimiento y aplicación de la normativa correspondiente, tanto respecto al bienestar animal como la salud pública.

Sin embargo, la resolución judicial no se cumplió, pues el decreto 164/2008 -publicado en noviembre de 2018 que modificaba la RPT del ICCA- volvía a dejar fuera a los veterinarios. Entre los años 2020 y 2021, el Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife envió tres escritos fundamentados, tanto a la Consejería de Agricultura como al ICCA, para que permitieran el acceso a este colectivo a puestos de la entidad en los que son competentes sin tener que volver a los tribunales.

“Intentamos hablar con ellos, hemos intentado reunirnos más de una vez y no nos han hecho caso nunca. Aún teniendo la sentencia firme, que defendía la posibilidad de que se presentaran los veterinarios. Entonces, visto lo visto, volvimos a poner una denuncia y nos han vuelto a dar la razón los juzgados”, relata Fernández. El TSJC estimó la solicitud del colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife y anuló el decreto de 2018 del Gobierno canario que modificaba la RPT, condenado en costas al Gobierno canario.

En septiembre de 2019, el entonces reciente Consejo de Gobierno de Canarias (tras un pacto entre PSOE-Nueva Canarias-Podemos-Agrupación Socialista Gomera), nombró a Juan Manuel Plata, veterinario de profesión, director del ICCA. Plata recuerda que al poco de tomar posesión del cargo, tuvo una reunión con una representación de los colegios de veterinarios provinciales que le trasladaron su petición: hacer cumplir la sentencia de 2017 incluyendo a este grupo profesional en el ICCA. Y trasladó su solicitud a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca Alicia Vanoostende.

Un año después, Plata fue cesado en favor de José Basilio Pérez, técnico en Administración, Gestión y Contabilidad, que es actualmente el director del ICCA. “No nos han hecho caso, ni con la primera sentencia, ni con el auto”, lamenta Marisa Fernández, quien recuerda que la demanda de los colegios de veterinarios de ambas provincias canarias es que “cuando salgan las plazas, salgan también convocados los veterinarios”.

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