El mapa del gasto en prestaciones básicas desvela qué ayuntamientos canarios lideran la inversión en ayudas sociales

Unos pocos municipios de Canarias sobresalen con fuerza en el gasto por habitante del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, un programa financiado por todas las administraciones públicas para el desarrollo de ayudas comunitarias en las entidades locales. Las localidades de Garachico (405,91 euros), Betancuria (266,87), Agulo (205,22), Los Llanos de Aridane (168,01) y Valle Gran Rey (157,21) lideran la clasificación del desembolso per cápita de este programa en 2022. La mediana entre los 88 ayuntamientos isleños se sitúa en 47,16 euros por persona.

Este plan, firmado en 1988, incluye prestaciones de información y orientación, ayuda a domicilio, apoyo a la unidad convivencial, alojamiento alternativo y prevención e inserción social. El mecanismo recoge las prestaciones básicas que “cubren a la población más vulnerable”, explica el ex director general de Derechos Sociales del Gobierno canario, cuando gobernaba el Paco de las Flores, Javier Bermúdez. Bajo la cobertura de dicha herramienta fueron atendidas 480.015 personas en 2022. La financiación total alcanzó los 95 millones de euros (54,4 millones aportados por las propias entidades locales, 36 millones del Ejecutivo regional y 5,2 millones del Estado).

El criterio para distribuir los fondos del llamado Plan Concertado viene determinado en función del número de habitantes, índice de paro, dispersión y doble insularidad en el caso de las islas periféricas, según reza un decreto publicado en el año 2002 en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Luego, ese reparto es acordado por el Gobierno canario y la Federación Canaria de Municipios (FECAM). En el último convenio puede apreciarse las aportaciones dinerarias que hicieron tanto el Ejecutivo autonómico como el Ministerio de Derechos Sociales a las entidades locales.

Por otro lado, las corporaciones deben presentar proyectos susceptibles de ser cofinanciados. Estos pueden estar vinculados a la dotación y mantenimiento de los tipos de centros del plan (albergues, instalaciones de servicios sociales y de acogida) y las ayudas del mismo.

Así, la tasa de prestaciones por cada 1.000 habitantes en Canarias es encabezada por La Matanza de Acentejo, con 3.880,49, seguida de Tijarafe (3.672), Tazacorte (3.616), Garachico (1.964) y Agulo (1.959). En cuanto a la ratio de beneficiarios de ayudas por cada 100 personas, lidera la lista Tazacorte, con 216,57. Los otros primeros puestos son ocupados por El Sauzal (125,37), La Matanza de Acentejo (109,77), Vilaflor de Chasna (107,53) y Agulo (98,16).

El sistema de reparto de los recursos económicos es “obsoleto en sus criterios regulados”, en opinión de Bermúdez. La Ley de Servicios Sociales del Archipiélago, vigente desde 2019, establece que será el catálogo de servicios y prestaciones, aprobado en abril de este curso, el instrumento que fijará la financiación de los mismos, la cual, continúa, será como mínimo del 40% en las localidades con población igual o superior a 95.001 residentes, del 50% como mínimo cuando se trate de un ayuntamiento de más de 20.001 habitantes y de hasta 95.000 habitantes y del 60% como mínimo del coste total del convenio cuando se suscriba con una corporación con población de hasta 20.000 habitantes. “Eso es lo que está por desarrollar”, ahonda Bermúdez.

Las estadísticas del Plan Concertado también permiten conocer la tasa de población por técnico local de servicios sociales, ya sea trabajador social, educador, administrativo o perteneciente a los servicios auxiliares. De este modo, los datos reflejan que la ratio más alta es protagonizada por Antigua (3.235 habitantes por cada empleado), seguida de Santa Cruz de Tenerife (2.576), Firgas (2.527), Tías (2.108) y San Bartolomé (1.898). La otra cara de la moneda es desempeñada por Fuencaliente de La Palma (40 personas por trabajador), El Tanque (127), Hermigua (128), Betancuria (131) y Agulo (135).