La nueva Ley divide a los colegios profesionales
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en un momento de su comparecencia.
El anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 2 de agosto, enfilará su camino hacia el Consejo de Estado cargado de alegaciones de todos los colegios y asociaciones profesionales de España. El principal foco de conflicto del texto, redactado por el Ministerio de Economía, establece la colegiación voluntaria para las profesiones que no afectan a la sanidad pública y a la seguridad, lo que deja en el limbo a un gran número de colegios profesionales que podrían desaparecer.
Según la disposición adicional primera del texto, será obligatorio estar colegiado para poder ejercer para los profesionales de la salud, -médicos, farmacéuticos, dentistas, veterinarios, enfermeros, fisioterapeutas, podólogos, ópticos, optometristas y, atención a la diferenciación, para ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos, arquitectos técnicos y otros posibles técnicos competentes, en un colegio competente por razón de la materia. También se menciona la colegiación obligatoria aunque con matices para abogados, procuradores, graduados sociales, notarios y registradores.
Según esta normativa, los colegios profesionales sin colegiación obligatoria quedarían reducidos a simples asociaciones profesionales que no podrían controlar el ejercicio de la profesión, que recaería simplemente en la responsabilidad civil de la persona que ofrece el servicio. El decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Joaquín Espinosa, considera un “disparate” que se permita que haya abogados que no estén colegiados. El nuevo anteproyecto establece que los abogados que trabajen para empresas, bancos o para terceros a sueldo fijo, llevando a cabo funciones de asesoramiento no necesitarán estar colegiados. “Nos parece inaudito que el Gobierno permita que estos profesionales trabajen sin estar regulados por ningún código deontológico”.
Si los abogados califican de “disparate” el anteproyecto, los procuradores van aún más lejos y hablan de “descabezamiento de la profesión”. El decano del Colegio de Procuradores de Las Palmas, Óscar Muñoz, que representa a 300 profesionales, se pronuncia rotundamente respecto a lo que él llama “un golpe a la esencia misma” de la profesión. “Llevo veinte años ejerciendo, tengo ordenada mi vida en función de mi profesión y no puede venir ahora el Ministerio de Economía y ponerlo todo patas arriba. Si esto sigue adelante, estamos estudiando iniciar procedimientos de responsabilidad patrimonial contra el Estado”.
Estamos ante un auténtico bodrio jurídico
El anteproyecto de ley afecta con diferentes matices a todas las profesiones. En el caso de los jurídicos, establece que una persona puede actuar a la vez como abogado y procurador. Muñoz se muestra indignado respecto al texto, que regula el subsector de los servicios profesionales y sus organizaciones colegiales, “estamos ante un auténtico bodrio jurídico. El artículo 542.1 de la ley orgánica del poder judicial ?de rango superior al anteproyecto de ley- establece que el abogado será un licenciado en Derecho con exclusividad en la defensa de su cliente. Por tanto, señala Muñoz, ”establecer la compatibilidad de la abogacía y de la procuraduría es inconstitucional, es un despropósito jurídico“. Además, añade el procurador, ”no estamos de acuerdo con la desaparición de aranceles y con el intervencionismo del Estado en los colegios profesionales“.
La idea del abaratamiento de la justicia con esta normativa tampoco es compartida por Muñoz. “Le pongo un ejemplo. Un abogado por dirigir un pleito cobra X. Un abogado por además representar en un proceso de cuantía indeterminada va a cobrar 600 euros, mientras que un procurador cobra 290. No hay procuradores caros o baratos. ¿Dónde está el ahorro?”.
En esa misma línea se ha manifestado el presidente de la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias y decano del Colegio Profesional de Psicólogos de Las Palmas, Francisco Sánchez Eizaguirre, “pretendíamos que la nueva regulación dejara claro cuáles son las funciones y competencias de cada profesión, pero han hecho todo lo contrario, un tótum revolútum buscando una excesiva liberalización del mercado, lo que no va a llevar aparejada una necesaria competencia porque, como ya dijo el propio ministro De Guindos, el sector de los profesionales es muy competitivo”.
El presidente de la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias, Francisco Sánches Eizaguirre, con los diputados del Partido Popular en el Congreso por la provincia de Las Palmas, Guillermo Mariscal y Matilde Asian.
“Crónica de una muerte anunciada” para algunos colegios“Crónica de una muerte anunciada”
Con el anteproyecto de ley sólo dieciocho profesiones tendrían colegiación obligatoria, quedando fuera colectivos como los economistas, administradores de fincas, diplomados en turismo, registradores de la propiedad, licenciados en educación física, geólogos, químicos, licenciados en letras, trabajadores sociales, etc. Para Sánchez Eizaguirre los principales damnificados de este anteproyecto van a ser los ciudadanos porque “personas que no están formadas van a poder acceder al mercado diciendo que son A y no son nada. Al no existir un colegio profesional, la responsabilidad quedaría exclusivamente en la persona y con esto lo único que vamos a conseguir es correr el riesgo de que el mercado se inunde de desaprensivos”.
Por su parte, el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas también ha rechazado el anteproyecto al que definen en términos literarios como “la crónica de una muerte anunciada”. Para el presidente de este colectivo, Francisco Calzada, la profesión de gestor administrativo, que desempeña una función profesional con interés público desde hace más de cien años, que requiere una doble titulación académica de licenciado y la titulación oficial, “será fagotizada por profesiones equivalentes con protección o reserva legal de actividad. Esto afectará al funcionamiento de setenta profesionales colegiados en Las Palmas y a las gestorías laborales y fiscales que funcionan legalmente con la figura jurídica de un gestor administrativo, ya de por sí dañadas por numerosas asesorías laborales que trabajan de forma intrusista sin contar con un gestor y realizando labores administrativas para las que no están capacitadas”.
También se muestran descontentos los economistas, con 1.150 colegiados en la provincia de Las Palmas, entre los que se incluyen los titulares mercantiles, que defienden la necesidad de la colegiación obligatoria porque “si no existe un colegio oficial de economistas ¿quién se va a encargar de elaborar los denominados listados del turno de actuación judicial ante la administración? Además de otras funciones imprescindibles que realiza el colegio, como impartir la formación, comprobar los criterios de pertenencia, la práctica deontológica, etc.”. Para el decano del Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas, Juan Antonio García, “bajo la figura de defensa de la libre competencia, -que ya se aplica porque no nos permiten tener listado de honorarios ni podemos hacer recomendaciones-, se va a desmantelar una profesión cuando en el entorno europeo se está actuando justamente en sentido contrario”. Además, señala García, si el anteproyecto de ley no se modifica “nuestros profesionales tendrán desventajas a la hora de actuar en cualquier país de la Unión Europea, ya que para trabajar tendrían que superar pruebas de homologación del título y la función profesional”.
“Van a poner trabas a los titulados que se están yendo”
¿Independencia de las Juntas de Gobierno o injerencia en los consejos directivos?
En el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas la acogida a este anteproyecto de ley ha sido bien distinta. El texto recoge una reivindicación histórica de los galenos como la colegiación obligatoria para todos los facultativos que ejerzan en la sanidad pública o en la privada. Además, también desde esta institución contemplan como positivo el hecho de que la normativa establezca que los miembros de las juntas de gobierno de los colegios no puedan ser consejeros ni de empresas, ni de sociedades anónimas ni de mutuas. “Para nosotros es positivo porque se garantiza así la independencia en el seno directivo de los colegios profesionales, las instituciones profesionales no sólo tienen que ser libres sino parecerlo” señala el presidente del Colegio de Médicos, Pedro Cabrera. “También observamos que es positivo el hecho de que el anteproyecto de ley obligue a la administración a facilitar un programa de formación continuada a los médicos” señala Cabrera, que reconoce que, pese a que ellos están satisfechos con el texto, entienden que otros colegas estén disconformes.
Por el contrario, el decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Joaquín Espinosa, rechaza totalmente esta directriz que considera una injerencia política innecesaria. “Han confundido a los profesionales con los políticos porque eso es lo que hacen ellos y por lo que está saliendo diariamente en los periódicos. Durante los quince años que llevo como decano del Colegio de Abogados de Las Palmas nunca he recibido un regalo, ni de mucho ni de escaso valor, ciertamente, me hace mucha gracia que nos digan que no podemos aceptar sólo regalos de escaso valor”, comenta Espinosa con una leve sonrisa de indignación. El veterano abogado sostiene que “lo único que pretenden es un control político de los colegios profesionales con el que no estamos en absoluto de acuerdo”.
Otro de las modificaciones que incluye el texto y que ha suscitado la crítica de los 4.000 abogados suscritos al colegio oficial de Las Palmas es el hecho de la deontología no la puedan juzgar los profesionales sino personas de fuera. “Lo lógico es que sean los propios profesionales con conocimiento de la materia los que juzguen y valoren la aplicación de la deontología”. “Nos piden también que cada profesional sea un voto, que hagamos auditorías, nunca he dejado de hacer un solo año una auditoría”.
Reducción drástica de los visados
El anteproyecto de ley establece, entre otras cosas, que los profesionales técnicos, tal es caso de ingenieros y arquitectos, pueden proyectar sin necesidad de visar los trabajos salvo en aquellos casos contemplados en el decreto 1000/2010, que tienen que ver con algunas instalaciones en edificios. En este decreto no se contemplan las actividades que tienen que ver con la seguridad industrial, ni con la seguridad de personas y bienes, ni con las actividades clasificadas como peligrosas, nocivas o molestas.
Para el decano del colegio oficial de Ingenieros Técnicos de Las Palmas, -tercero en número de colegiados en la provincia por detrás de médicos y enfermeros-, José Antonio Marrero Nieto, “esto no llevará la desaparición del colegio pero sí afectará a la colegiación, si los profesionales no necesitan visar los trabajos que realicen no se van a colegiar y, por tanto, esto repercutirá en el intrusismo, la competencia desleal y por supuesto, en la garantía de los servicios a prestar a los ciudadanos”.
Marrero Nieto se manifiesta a favor de la no exclusividad, que los profesionales que estén capacitados para realizar un trabajo lo hagan, independientemente de la rama específica de la que procedan. “Nosotros podríamos hacer una nave para la explotación de quesos, que ahora sólo la pueden hacer los agrícolas, al igual que los navales podrían hacer instalaciones frigoríficas en tierra, como las hacen en el mar, etc. pero creemos que todo esto debe hacerse con un control, los trabajos deben estar visados y deben existir los colegios profesionales, si no es así, esto va a ser un caos”.
No queremos exclusividad pero sí garantías
Avalancha de 'intrusistas' de todos los confines de Europa
Los colegios profesionales menos regulados normativamente son los más afectados por el anteproyecto de ley y dónde más voces en contra ha despertado. Una de estos colectivos es el que atañe a los profesionales de la Actividad Física y el Deporte, sector especialmente vulnerable porque carece de una normativa que regule este ejercicio profesional.
Se trata de un colectivo plagado de pseudo profesionales sin titulación y sin capacidad técnica, que trabajan con menores, con personas mayores, sin olvidar que en los últimos años ha aumentado también el número de personas que con cursos de fin de semana ejercen de preparadores físicos o entrenadores personales. Tal como asegura el presidente del colegio oficial de Licenciados en Educación Física de Las Palmas, e interventor del Consejo Nacional del mismo ramo, Javier Frugoni, “si ya estábamos desprotegidos, este anteproyecto de ley no hace más que empeorar nuestra situación porque da patente de corso a las personas que no están formadas para realizar las actividades profesionales en materia de actividad física y deporte, no sólo a las que viven en España, también a los ciudadanos europeos que vengan a trabajar aquí por la libre circulación de profesionales”. Para Frugoni “la única manera de exigir y asegurar un servicio de calidad y saludable es que todos los técnicos relacionados con la actividad física y deportiva estén integrados en un colegio profesional, amparado por la administración, que permita censarlos y registrarlos en función de sus competencias”. Además, añade Frugoni “esto permitiría asegurar una cobertura legal a los usuarios cuando se produjeran casos de mala práxis por parte de los profesionales”.
Ya nos pusimos al día con la Ley Paraguas y la Ómnibus
La “excusa europea”
En la exposición de motivos, el anteproyecto explica que un sector como el de los servicios profesionales debe contar con un marco específico y no dejar el actual, que data de 1974. Desde el Ejecutivo insisten en que con el anteproyecto buscan adecuarse a las peticiones de organismos como la OCDE, el FMI o la Unión Europea. El decano de los abogados de Las Palmas, Joaquín Espinosa, tiene claro qué hay detrás de este anteproyecto, “es un afán de controlar todo a través del control político de los colegios, de la auditoría de nuestras cuentas,... etc. Suponemos el 9% del Producto Interior Bruto y quieren aumentar el porcentaje a toda costa permitiendo una falsa 'liberalización' del mercado. La excusa de Europa no es cierta. Ya nos pusimos al día con la Ley Ómnibus y la Ley Paraguas hace dos años”.
El decano de los procuradores de Las Palmas, Óscar Muñoz, cree que, en el caso de la Justicia, desde el Ejecutivo han redactado este anteproyecto con total desconocimiento. “Si sigue adelante la compatibilidad de la abogacía y la procuraduría, la Administración tardaría más de diez años en poder llevarla a la práctica, por no hablar del coste de millones y millones de euros que esto supondría”. Muñoz explica la situación con un ejemplo, “los 130.000 procuradores colegiados en España recibimos anualmente 50.000.000 millones de notificaciones, 28.000.000 son tramitadas en formato papel y 22.000.000 a través de lexnet, un programa informático aún en fase de instauración en muchas autonomías. Las notificaciones en papel tienen un coste 140.000 millones de euros para la administración de Justicia, mientras que las notificaciones a través de lexnet permiten ahorrar a la administración 188.000 millones de euros. Si esto se amplía a nivel nacional a todo el colectivo jurídico, la Administración tendría que invertir millones de euros para que el sistema sea operativo. Técnicamente, es inviable”, afirma con rotundidad Muñoz.
El Consejo de Estado emitirá dentro de seis meses un informe no vinculante, pero con mucho peso, sobre el anteproyecto de ley de servicios profesionales. Tras sopesar las alegaciones de los consejos nacionales de los colegios profesionales de toda España, el ministerio de Economía atenderá o no las peticiones y alegaciones oportunas y elevará al Consejo de Ministros lo que ahora es anteproyecto de ley a proyecto de ley. Empezará entonces su tramitación parlamentaria, dónde ya no habrá mucha posibilidad de variación, dada la mayoría absoluta con la que cuenta el Partido Popular en el Gobierno. Los colegios profesionales conscientes de esto saben que es en esta fase de alegaciones dónde pueden producirse modificaciones y apuran sus juntas de gobierno para presentar las enmiendas al texto, que tendrán como plazo máximo de recepción el próximo 23 de septiembre. A partir de ahí, confían en que el texto sea modificado sustancialmente.
