La Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas reclama un “frente común” para luchar contra la “guillotina” que se ejerce sobre el litoral

El presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa, ha reclamado este viernes la unidad de todas las administraciones públicas de las islas para “hacer un frente común y evitar la guillotina” que la Demarcación de Costas ejerce sobre el litoral.

Langa ha puesto como ejemplo en rueda de prensa la notificación para el desalojo forzoso y la demolición de más medio centenar de viviendas, 25 en El Faro y más de 30 en Puntalarga, en el municipio palmero de Fuencaliente, y que afectará a unos trescientos vecinos.

La plataforma está ejerciendo diferentes acciones legales ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, así como se ha pedido la suspensión cautelar de la autorización judicial para el desalojo, dado que se trata de núcleos urbanos consolidados y primeras residencias.

“Fuencaliente es un símbolo de lo que está pasando en Canarias, del ataque a la historia de un pueblo, que ha vivido en y por la costa. Desde la Plataforma vamos a defender sin descanso a los vecinos de Puntalarga y El Faro que ven amenazadas sus casas, así como a todos los núcleos urbanos consolidados que hay en las costas canarias y que pueden correr la misma suerte”, apuntó.

Para ello, Langa ha interpuestos diferentes acciones legales y espera que los tribunales le “den la razón, pues se puede demostrar que estos núcleos poblacionales existen desde mucho antes de que hubiera una ley de costas”.

Además, ha mandado un mensaje directo al Gobierno de Canarias: “Pedimos que el Gobierno autonómico acelere con el Estado las transferencias de las competencias en Costas, de las que se viene hablando desde el pasado julio”.

Y al mismo tiempo, reclamó que reactive la Comisión Mixta que se firmó entre la Pcalc y el Ejecutivo regional en 2016 y que recogía, entre otras cuestiones, “que no se llevaran a cabo desalojos obligatorios en zonas urbanas consolidadas y que, de ser absolutamente imprescindible, se destinen nuevos terrenos a las personas afectadas”.