El profesor gay de religión pidió siempre que le despidieran
Luis Alberto González Delgado quiso desde el primer momento que le despidieran. Sus propios actos lo revelan. Es el profesor tinerfeño de religión con destino en dos institutos de Lanzarote que denunció públicamente la terquedad y el inmovilismo de la Iglesia católica ante los homosexuales y ante el matrimonio entre personas del mismo sexo. Su historia dio la vuelta a España en un contexto en el que se discute recurrentemente acerca de la laicidad del Estado y el concordato con la Santa Sede. Pero en los documentos oficiales firmados por el profesor no consta ninguna persecución sino más bien su deseo de dar carpetazo a su relación con la educación religiosa y, consecuentemente, con la Consejería de Educación del Gobierno canario.
Fue él el quien en abril de este mismo año pidió al Obispado de Canarias que le revocara la missio canonica, requisito indispensable para impartir la asignatura de religión y moral católica para el que se requieren cualidades exigidas por la Iglesia. El motivo esgrimido, según consta en su escrito de fecha 23 de abril de 2014, es haber “dejado de ser idóneo como profesor de religión católica”.
En ese escrito, el profesor González no hace referencia a su matrimonio homosexual pero sí a una carta que él mismo había enviado al obispo de la Diócesis Canariensis, Francisco Cases, en julio de 2013, en la que aparentemente se exponían “actos de repercusión pública”. No consta ninguna respuesta del Obispado a aquella carta de 2013, pero sí a su escrito de abril de este año pidiendo la revocación de su permiso para impartir religión.
Efectivamente, el 5 de septiembre pasado, el vicario general del Obispado de Canarias, Hipólito Cabrera, envía un escrito oficial al director general de Personal de la Consejería de Educación en la que explica, a requerimiento de la autoridad educativa canaria, por qué no ha sido propuesto Luis Alberto González como profesor de religión. “La razón fundamental de la no propuesta del reseñado profesor está basada en lo expresado por el señor González Delgado en la instancia dirigida al Obispado de fecha 23 de abril de 2014, en la que expresaba textualmente ”considera que ha dejado de ser idóneo como profesor de religión católica“, dice el vicario general. Y añade: ”El segundo motivo es su solicitud cara e indubitada de que le sea revocada la missio canonica como profesor de religión católica“.
Cuando la Consejería de Educación se dirige al profesor para que alegue en su defensa, lo que recibe es un escrito de 6 de noviembre en el que, a lo largo de cuatro folios, González Delgado exige que se le aplique “la normativa vigente”, tanto por parte del Obispado como de la Consejería de Educación. Eso significa que habría de aceptarse tanto su exigencia de revocación de la autorización para ejercer como profesor de religión y, consecuentemente, la extinción de su contrato de personal laboral conforme al Estatuto de los Trabajadores.
En base a su propia petición y en aplicación de la normativa vigente, al profesor González Delgado se le ha despedido con fecha 30 de noviembre por causas objetivas (“ineptitud sobrevenida”), lo que le ha hecho acreedor de una indemnización de 34.283 euros que ya ha cobrado.
El profesor no ha relatado jamás las circunstancias que le llevaron a pedir a la Iglesia que le retirada los permisos para ejercer, aunque según sus propias declaraciones públicas todo se desató a raíz de que decidió contraer matrimonio con su pareja.
En su último comunicado hace referencia al “cerco ideológico y moral de una institución eclesiástica que, desde mi humilde y formada opinión, se empecina en no situarse ni a la altura de los tiempos ni a la altura del Evangelio. Las autoridades eclesiásticas no están dispuestas a aceptar una relación o un matrimonio homosexual, aunque pretendan sorprendernos con la acogida al gay por compasión. Con la homosexualidad aplican lo de aborrecer el pecado pero acoger al pecador, y reto a cualquier obispo ”a que me desdiga“.
Sus acusaciones a la Consejería de Educación de haber actuado al dictado del Obispado han sido negadas por ese departamento gubernamental, que desde el primer momento ha asegurado que fue el profesor quien eligió este final en su carrera profesional de dieciséis años de docencia en la educación pública.
