Seis meses del polémico decreto de dependencia en Canarias: faltan recursos, hay más personas en el limbo y es un trámite lleno de dudas

Han pasado seis meses desde que se aprobara el polémico decreto con el que la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, dirigida por Candelaria Delgado, pretende agilizar las listas de espera en dependencia. Se trata de un procedimiento que llegaba con críticas tanto por los colegios profesionales de Trabajo Social como por trabajadores y trabajadoras de la propia Consejería y sindicatos, que alertaban de que se ponía en riesgo la atención a las personas más vulnerables. Pese a que desde el Ejecutivo presumen de él y es cierto que se ha producido un aumento de las personas usuarias incorporadas al sistema de atención a la dependencia, se ha producido un aumento de las personas reconocidas, pero sin la prestación efectiva, es decir, en el limbo de la dependencia. 

Si se atiende a los datos oficiales del IMSERSO correspondientes al mes de septiembre se aprecia que en las Islas hay 57.996 personas reconocidas con PIA (Programa de Atención Individualizada) o lo que es lo mismo el documento en el que se reconocen los servicios que va a recibir la persona, pero hay 13.741 que no perciben la prestación efectiva y siguen esperando.

Preguntada por este decreto a la presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, Dolores Fabelo, ha señalado a este periódico que no han podido hacer un balance de datos fiables de tiempos de espera de las personas frente a una solicitud, desde que se presenta hasta que son valorados, después de que son valorados hasta el PIA y el cierre efectivo del expediente y para ello han solicitado una reunión a la consejera de Bienestar Social y están a la espera de que se les convoque para poder hacer un análisis de la situación, pero incide en que “las personas con la dependencia reconocida se están quedando en el limbo, en el limbo bien de la ayuda a domicilio, porque no hay empresas que gestionen con capacidad para gestionar el volumen de solicitudes o de demandantes de ayuda a domicilio, o bien con la falta de residencias, con la falta de recursos sociosanitarios, que vienen a ser como los dos estandartes, los dos servicios como más potentes o más activos que la gente demanda”, resume. 

“Porque realmente, si a ti te preocupa la situación y demandas un servicio más activo, cuando el nivel de dependencia es mayor, pasan desapercibidos los servicios y prestaciones que hasta ahora están funcionando, que son los de grado 1; de teleasistencia, de apoyo personal, pero cuando ya la persona requiere cierto nivel de soporte y no lo tiene es cuando se pone sobre la mesa el problema”, incide la presidenta del colegio.

“Otro problema que vemos y que nos planteaban las compañeras es que las empresas, que están concertadas están subiendo los importes de la hora, con lo cual los usuarios están viendo reducida la prestación porque si yo tengo 300 euros, por lo cual antes cubría 8 horas, pon tú, de ayuda a domicilio la semana, ahora al subir los importes a lo mejor me cubre 5. Si ya considerábamos que los aportes eran escasos o el número de horas que atendía una persona con dependencia eran escasos, ahora, pues todavía lo son más”, explica Fabelo.

Otra cuestión en la que se incide y que contrastan usuarios preguntados a este periódico es que los trámites son más engorrosos. “Al unificar los dos procesos, el reconocimiento de la dependencia con prácticamente el PIA, porque al final si tú coges una solicitud de dependencia, si tú te metes en la página del Gobierno de Canarias y la intentas hacer, te preguntan tantas cosas que la persona mayor que esté intentando hacer eso, te atoras y dejas de hacerlo porque te pide información relativa a la capacidad económica, por ejemplo, de las personas convivientes contigo. Cuando si tú pones que vives con tu mujer y tus tres hijos, pues tienes que hacer aporte de los datos relativos a tu mujer y tus tres hijos, con lo cual a lo mejor esa información no la tienes…”, ejemplifica. 

“Estamos hablando de la administración pública, cuando se supone que tiene que tener la capacidad de proveer esa información desde otras administraciones y, sin embargo, pues ponemos la responsabilidad también en el usuario en que la facilite y le aporte. Entonces, sí que es verdad que ese primer paso, que es la solicitud, donde antes había un pongo mis datos, como cualquier solicitud al uso, pongo mis datos, relleno, expongo lo que quiero y lo presento, es una tarea ahora, pues intensa para quien no tiene la capacidad y la habilidad para hacerlo. Teniendo esa capacidad y esa formación a los colegios profesionales, se nos plantea la demanda de formar a nuestros colegiados en torno al cumplimiento de la cumplimentación de esa solicitud. Imagínate cuando lo hace un ciudadano de a pie”, incide la presidenta del Colegio de Trabajo Social. 

Otra duda que se presenta a la ciudadanía es que en el decreto se establece un plazo máximo de tres meses desde el reconocimiento de la situación de dependencia para hacer uso efectivo del servicio o prestación asignada. La presidenta del colegio se pregunta qué ocurre si esa persona está hospitalizada o si las empresas tardan más tiempo en tramitar la ayuda. 

“La exposición a lo mejor del decreto, la puesta en marcha del decreto, no solo requiere de una información a los profesionales, que sí tenemos que reconocer, que nos cuesta, que se ha hecho a las personas que trabajan en los dos servicios de dependencia. Nos gustaría que hubiera sido de otra forma, pero bueno, tenemos que poner a la Consejería en el reconocimiento de que sí se ha formado, pero no se ha trasladado a la ciudadanía. Con lo cual volvemos al punto de partida, es decir, la ciudadanía tiene que ser autónoma a la hora de poder presentar un documento de una solicitud de reconocimiento de un derecho, porque es tu derecho como ciudadano, pero le generamos ese nivel de dependencia para con los gestores que lo que hacemos es que la persona desista de presentar esa solicitud”, subraya. 

Por su parte, María Rosa Pulido, de la Plataforma de residencias dignas de Gran Canaria también advierte de que las empresas muchas veces no llegan a todas las zonas. “Estoy luchando porque llegue a un domicilio que está en una zona rural”, insiste. Además, advierte del recorte de horas que cuentan algunos usuarios desde finales de año pasado y que ha documentado este periódico en otras ocasiones. 

“No se puede resolver un problema estructural con tiritas”

Dolores Fabelo señala que cuando hablamos de problemas estructurales, “queremos decir que es un problema que lleva años, que no es que ahora tenemos un volumen, sino que llevamos arrastrando una falta de personal en los servicios desde la puesta en marcha de la ley. Tú no puedes resolver un problema que tienes de siempre o de base a golpe de poner tiritas y de parchear. Entonces ahí es el primer foco”. 

“El segundo es el que entendemos que no pueden venir cada cuatro años a cambiar una estructura de un sistema pensando que lo vamos a mejorar, sino que hay que hacer una previsión y una visión a medio o largo plazo. Y lo hemos visto con los cambios en otro tipo de normativas, como es la educativa. Es decir, no podemos venir y cada cuatro años decir ahora esto es lo que funciona, porque lo que nos preocupa son los números”, incide.

“El problema al final lo resuelven poniendo la responsabilidad sobre los trabajadores y exigiendo a los trabajadores una sobrecarga de la que no es posible cuando el foco lo ponemos en que estamos atendiendo a personas. Cuando trabajamos con personas lo primero que tenemos que hacer es tener una atención centrada en la persona que estamos atendiendo y hacer una intervención centrada en la persona que estamos atendiendo. Y eso no se puede hacer cuando tenemos que cumplir un número de entrevistas X al día”, subraya.

La presidenta del colegio de Trabajo Social de Las Palmas pone el ejemplo de Discapacidad, donde los trabajadores tienen menos de media hora para valorar un contexto integral en una persona para reconocer un grado de discapacidad que lo va a acompañar media vida. “¿Dónde estamos poniendo el foco? ¿En la rapidez y en poder decir que hemos reducido número? ¿O en la calidad de la atención que estamos brindando a los ciudadanos?”, se cuestiona. 

Para la presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, hay que dotar los servicios de personal y dotar los servicios de una estructura clara donde la información pueda estar bien distribuida y canalizada para que todos los trabajadores tengan conocimiento. Y También hay que informar a la ciudadanía cuáles son los pasos y facilitarle el acceso al derecho y no complicarse.

Dolores Fabelo cree que hay que hacer una gestión transparente de lo que es el expediente de reconocimiento de dependencia. “En general le planteamos a la Consejería que hay un problema estructural de personal en todas sus áreas y que no se puede resolver a golpe de decreto”. 

Un decreto lleno de “opacidad frente al marketing”

La representante de los trabajadores y trabajadoras Yolanda Cívicos (Intersindical Canaria), del comité de empresa de Bienestar Social señala que el decreto publicado en abril sigue teniendo “serias lagunas”. Cree que está “lleno de opacidad” y cuenta con una “fuerte oposición”, que “pretenden silenciar a base de marketing en redes sociales y titulares vacíos de contenido”. 

Cívicos sostiene que tras seis meses desde su implementación, la tónica general entre profesionales del sector y usuarios es la “frustración y el desconcierto”. Por un lado, explica que tenemos a profesionales de ayuntamientos y centros de salud de islas no capitalinas que se sienten “desorientados”. Se les deriva a ellos a los usuarios para que se les ofrezca una solución ante la falta de recursos privados necesarios para hacer efectivo su derecho a percibir la prestación económica vinculada al servicio. Además, “nos trasladan que se facilitan números de teléfono a los usuarios para recibir información, pero luego nadie atiende a dichas llamadas”. 

Por otro lado, “siguen aumentando las dudas en cuanto al procedimiento por parte del personal de la Dirección general de Dependencia, quienes a golpe de Whatsapp esperan instrucciones o respuestas inmediatas para ”apagar los fuegos“ del día a día, eso sí, siempre y cuando te dé tiempo de consultar o de ponerte al día con las múltiples consultas que se realizan a través de dicho medio, ya que las reuniones de coordinación o los protocolos o guías de actuación, brillan por su ausencia”. 

Cívicos insiste en que los solicitantes reciben resoluciones que son “pura literatura” y un “auténtico galimatías”. Considera que esa “falta de claridad” es tal que muchos profesionales del sector se ven obligados a contactar con los trabajadores de la Dirección general para que se las “descifren” y así poder orientar correctamente a las familias y resolver sus dudas. A esto se suman los fallos que asegura que da el sistema que en ocasiones emite “resoluciones incompletas o resoluciones previas cuando realmente no lo son, sumiendo a los afectados en reclamaciones o a sucumbir ante un sistema excesivamente burocratizado”.  

“Como resultado, los desistimientos (renuncias) se están incrementando sin que en algunas ocasiones, los propios afectados sean conscientes de ello, según informan a esta organización sindical”, asegura la trabajadora social. 

“Y ahora tenemos la última gran novedad, el acuerdo de encomienda de gestión de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias a la Consejería de Sanidad para realizar la actividad de aplicación técnica sociosanitaria del instrumento de valoración de la situación de dependencia de manera que sean los profesionales del Servicio Canario de la Salud quienes realicen la actividad técnica de valoración de la situación de dependencia de las personas que se encuentren ingresadas en sus recursos; ya sea un residencial público, un centro sociosanitario o un centro hospitalario”, señala Cívicos.

“Esto sigue suscitando muchas dudas tales como ¿Qué profesionales exactamente son los que realizarán la valoración? ¿Quiénes y durante cuánto tiempo los formarán? a las ya precarias plantillas y con condiciones laborales de sobrecarga que tiene el personal sociosanitario ¿Van a aumentar las funciones y tareas? ¿se ha contado con el personal para escuchar sus dudas o como viene siendo la tónica, irán a golpe de correos e instrucciones unilaterales?”, se cuestiona. 

Cívicos insiste en que “podría seguir con el alto índice de desistimientos, sistema continuista en cuanto a la contratación de personal temporal a través de contratos programas, sistemas informáticos que siguen dando problemas por no operar al 100%, índices de bajas por problemas psicosociales del personal, desorganización interna, sentimiento de abandono y desamparo por parte de trabajadores y trabajadoras y de los usuarios del sistema, falta de recursos dentro de la red pública, la no actualización de las prestaciones económicas y por consiguiente la reducción del número de horas de atención a través de empresas privadas etc”. 

La trabajadora social resume que “a pesar de la publicación de una nueva normativa, el sistema sigue anclado en la improvisación y la desorganización, perjudicando gravemente tanto a los usuarios del sistema como a los profesionales que trabajan en él”. 

La Consejería alaba el decreto

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias no ha dejado de alabar el decreto en las últimas notas de prensa. En una de las últimas aseguró que según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, las comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias son Canarias (+18,5%) y Galicia (+15,7%), “lo que supone un espaldarazo a las tesis de la Dirección General de Dependencia sobre la importancia de la aplicación del decreto que unifica los procedimientos de valoración y PIA”. No obstante, el informe no tenía en cuenta los últimos meses, en los que aunque se aprecia ese aumento de personas al sistema, sí que se aprecia también un aumento del limbo de la dependencia. 

“Canarias pisa el acelerador en la atención a la Dependencia y supera en dos años los datos de toda la legislatura anterior”. Era el titular de una nota de prensa anterior. La Consejería sostiene que la mejora en la gestión, el refuerzo de personal y la entrada en vigor del nuevo decreto de dependencia han permitido duplicar el número de personas atendidas, reducir los tiempos de tramitación y superar ampliamente los resultados obtenidos en la legislatura anterior. 

“El esfuerzo en gestión ha reducido notablemente los plazos, alcanzando los 478 días de media desde la solicitud hasta la resolución del PIA. De esta forma, se ha producido un descenso que refleja la mejora organizativa y el impacto del nuevo decreto, que ha simplificado trámites y eliminado duplicidades”, insiste la Consejería. 

Nuevo frente con Gran Canaria

No obstante, este mismo jueves, un nuevo frente se abría para la Consejería de Bienestar Social. El Cabildo de Gran Canaria acusaba al Gobierno de Canarias de frenar la creación de nuevas plazas sociosanitarias y de “condenar a estancarse” al sistema de atención a las personas dependientes y con discapacidad en la isla y el archipiélago por la falta de renovación del convenio en 2025 y, además, porque el Ejecutivo regional ha comunicado a las corporaciones insulares que no incluirá en 2026 la financiación necesaria para ampliar las dotaciones.