El Cabildo quiere que una ley prohíba la extracción de áridos en los barrancos de Güímar
El Cabildo de Tenerife promueve en el Parlamento canario una Proposición de Ley (PL) por medio de la cual quiere ordenar y restaurar los barrancos de Güímar en los que durante años se ha llevado a cabo una agresiva extracción de áridos hasta el punto de haber degradado notablemente el paisaje. En la propuesta que se está tramitando ya en la Cámara regional se apunta que esta actividad ha sido muy conflictiva y controvertida desde hace décadas. Para ello basta mirar la intensidad de algunas extracciones, como acredita la falta de infraestructuras comunes y mínimas tales como vías de acceso. Igualmente, se resaltan los enfrentamientos entre extractores y agricultores, los efectos sobre los cauces y sobre todo la falta de actuaciones encaminadas a ejecutar restauraciones ambientales que borren la huella que han dejado esas explotaciones.
El Cabildo busca que se declare de interés autonómico la recuperación y ordenación de los barrancos para restablecer los valores ambientales y paisajísticos originales. Para ello se pide que se prohíban las extracciones mineras excepto las que sean necesarias para restaurar este espacio y sin que el producto obtenido se pueda utilizar fuera del ámbito. El suelo se recategorizaría como rústico de protección ambiental, quedando derogada la categoría de protección minera del Plan General de Ordenación (PGO) de Güímar. La recuperación se llevará a cabo mediante una planificación otorgando especial cuidado con las infraestructuras hidrológicas. Una vez que entre en vigor la ley quedarían anulados y caducados los títulos mineros, y mientras de forma transitoria será admisible la compatibilidad de la agricultura y de actos de transformación o usos del suelo cuando generen actividades beneficiosas para la comunidad siempre que no causen daño al medio y a las infraestructuras.
Lo cierto es que la regulación de estos barrancos ha sido una de las cuestiones territoriales más complicadas a las que se han enfrentado las administraciones tinerfeñas durante años. Una serie de sentencias del Tribunal Supremo (TS) se han puesto del lado de las empresas que llegaron a conseguir la anulación del Plan Especial y que se le prohibiese al Ayuntamiento cobrarles un canon.
Desde hace años, las instituciones han intentado ordenar las extracciones, equilibrar usos e intereses contrapuestos, compatibilizar la actividad minera con el entorno natural y recuperar este espacio. Los intentos comenzaron con la aprobación en 1997 de una proposición no de ley sobre el Plan Especial del Barrancos de Güímar, en la que se pide que el Gobierno impulse la tramitación de este planeamiento, que el Cabildo incluya esta zona de forma singularizada en el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) y promover acuerdos con los propietarios para declarar este enclave como coto minero para regular esta actividad.
Dos años más tarde, el Parlamento aprobó una nueva proposición no de ley para que el Gobierno canario redactase un Plan Territorial de Ordenación Especial con idénticos fines que el anterior. El PIOT a continuación avaló que en estos ámbitos se permitiera la actividad extractiva a través de un plan territorial parcial. Ya en 2003 se aprobó el Plan Especial Territorial en el que se pretenden conciliar los usos mineros con la defensa del medio ambiente, la restauración del paisaje y la pervivencia de los usos agrícolas tradicionales. Se permiten las extracciones pero con diversas medidas correctoras de restauración.
El 11 de mayo de 2005 se aprueba el PGO en el que se clasifica este ámbito como suelo rústico de protección minera. Dos años más tarde, el Cabildo aprueba el Plan Territorial Parcial; pero fue entonces cuando el Ayuntamiento insistió en que este enclave fuera recategorizado como suelo rústico y se prohibiera la actividad extractiva. Por ello, esta ordenación volvió prácticamente a la primera casilla mientras que durante todos estos años el deterioro del espacio seguía incrementándose. “Aun cuando los motivos son diversos, sin embargo, es posible hablar de un fracaso colectivo con respecto a ese espacio territorial. Esta realidad explica que el Ayuntamiento de Güímar trasladara al Cabildo de Tenerife su voluntad de que se elimine la actividad extractiva en ese ámbito espacial y se adopten medidas para su restauración ambiental y agrícola; entendimiento que la corporación insular ha hecho suyo”, se indica en la propuesta que se tramita ahora.
Por ello, el Cabildo llegó a la conclusión de que la problemática generada en este espacio tiene una dimensión autonómica que excede lo municipal e insular. Y ello en cuanto que la extracción es competencia del Gobierno canario tanto en lo que se refiere a su desarrollo legislativo como a la concesión de autorizaciones y su control.
