Condenado un exalcalde de Tenerife por pagar una deuda personal con dinero de un asilo de ancianos
El que fuera alcalde durante 16 años de Garachico, un pueblo del norte de Tenerife, ha aceptado que prevaricó y malversó los fondos de una residencia de ancianos para pagar una deuda personal. Ramón Miranda Adán, de Coalición Canaria, se conformó este martes con una condena a un año de prisión y tres de inhabilitación para cualquier cargo público, además de tener que restituir a la residencia para la tercera edad los 6.306, 19 euros con los que pagó los gastos derivados de una condena anterior por atentar al derecho al honor de un vecino.
En su escrito inicial, el fiscal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Jaime Serrano-Jover, solicitaba cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación especial para el ex alcalde de Garachico, tras considerar probado que Ramón Miranda prescindió de los principios para regir la correcta administración del erario público, “así como del correcto ejercicio de la función pública”, y que aprovechó su condición de presidente del organismo autónomo del hospital-residencia de ancianos Nuestra Señora de la Concepción, para acordar en una junta de Gobierno en 2009 que el pago de los gastos derivados de su primera condena fueran transferidos desde la cuenta de la residencia a la cuenta del juzgado.
Ramón Miranda publicó en un periódico local un artículo en contra de un vecino al que se pretendía expropiar un terreno para construir un centro de fisioterapia anexo a la residencia de la ancianos, que nunca llegó a ser realidad. Tras confirmarse la sentencia por atentado al honor en la Audiencia Provincial, el ex alcalde fue condenado a publicarla en el diario, lo que fue tasado en un gasto de 4.410 euros, a los que se sumaron las costas judiciales más los intereses, tasados en 1.459,61 euros y 437,58 euros respectivamente.
De acuerdo con la versión del fiscal, Ramón Miranda usó los fondos del hospital-residencia para eludir un control de los servicios jurídicos municipales. La primera transferencia de 4.410 euros la efectuó el 16 de octubre de 2009, y la segunda, de 1.896,29 euros, la llevó a cabo un mes después.
En los documentos que hizo llegar al juzgado, y éste a la Fiscalía y la acusación particular, figuraba el sello de la Fundación que rige la residencia de ancianos, por lo que la acusación particular interpuso una segunda denuncia por los delitos de malversación de caudales público y prevaricación administrativa, que el ex alcalde ha admitido este martes en un acto de conformidad con el que ha eludido el ingreso en prisión.
Para poder llegar a una sentencia de conformidad, el abogado defensor de Miranda hizo valer las dilaciones indebidas de este proceso, ya que el caso quedó parado en los juzgados tinerfeños durante siete años.
El magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife le ha apercibido de que tiene dos años para resarcir el dinero sustraído de la residencia de ancianos y, en caso de incumplimiento, el ingreso en prisión se hará efectivo.
