Un grupo de opositores denuncia irregularidades en el examen para ayudante de biblioteca de la ULL
Un grupo de opositores que optaban a una plaza en la biblioteca de la Universidad de La Laguna (ULL), ha denunciado una serie de supuestas irregularidades en la realización de las pruebas. La convocatoria para ayudante de bibliotecas, archivos y museos tuvo lugar el pasado año y los exámenes se realizaron en enero.
Entre los hechos denunciados está que en la exposición de motivos de la convocatoria se indica que la lista se constituirá “cuando no haya otra de reserva o ésta se hubiese agotado y sea necesario cubrir algún puesto de trabajo con carácter de urgencia”. Al respecto se recuerda que cualquier corrección de errores de un texto publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) tiene que ser publicado en el mismo medio. De lo contrario se interpretaría que la convocatoria se convierte en “engañosa, al ocultarse a los aspirantes que se trata de una bolsa de trabajo de carácter supletorio”.
Los denunciantes indican que en el mes de julio del pasado año se aplazó el procedimiento alegando unas razones que, según señalan, “son tan superficiales y confusas que inducen a la creencia de que obedece a motivos de dudosa legalidad”. Pero además, no se da a conocer la nueva fecha del examen con la relación definitiva de admitidos y excluidos.
En octubre del pasado año se llevó a cabo una nueva convocatoria que, según estos denunciantes, “ya dejaría clara la razón por la cual se anuló la anterior y que no sería otra que la admisión de nuevos aspirantes distintos de los que conformaban la lista”. O lo que es lo mismo, “se convoca un procedimiento bajo unas condiciones, se modifican éstas una vez iniciado el procedimiento, se aplican con efecto retroactivo, se favorece con ello a determinadas personas que no figuraban en la primera lista de admitidos y excluidos, al ser admitidos una vez cerrado el plazo de la convocatoria”.
Este grupo de opositores también señala que se incumple la resolución original, que aplazó la fecha inicial. Y es que en aquella se expresaba que la publicidad de la nueva fecha de celebración del ejercicio único se realizaría junto con la de la lista definitiva de admitidos y excluidos. “Pero lo cierto es que la nueva fecha se publicó con la de la lista provisional”, señalan.
Además, se detectan otras supuestas irregularidades como que no aparece expresamente identificada la persona que presentó la reclamación, sino que se recurre a la fórmula genérica de “una de las aspirantes”. Éste se considera que es un dato que puede ser de interés para los demás aspirantes, ya que podría tratarse de una de las aprobadas. También podría ser una aspirante con el examen suspendido a la que se aprobó después.
No se considera admisible que no se publiquen las calificaciones de los opositores que “presuntamente” no han sido aprobados. Este hecho deja a este grupo de opositores en una situación de indefensión legal, sustrayéndoles al derecho a conocer la puntuación de sus ejercicios y, por tanto, de interponer una reclamación contra un acto concreto. “Igualmente, se nos coloca de forma injusta en una situación administrativa inferior a la privilegiada de los aspirantes aprobados, que sí conocen sus puntuaciones”.
En defintiva, este grupo de opositores estima que se produce “una peligrosa situación de inseguridad juridica pues si alguno de los suspendidos reclama el derecho a ver su examen, la comisión de valoración podría alterar la calificación del ejercicio del reclamante antes de permitirle acceder a él para justificar su no aprobado”. Una vez presentadas las reclamaciones, se denuncia que se omiten los nombres de quienes las interpusieron y si han sido o no tomadas en consideración sus denuncias.
El resultado final es que diez de los 18 opositores aprobados en la primera fase, al final no tenían méritos por experiencia laboral en bibliotecas y archivos. Sin embargo, en algunos casos concretos en los que los opositores sí habían desempeñado este tipo de trabajos, supuestamente se les frenó ya que tendrían mucha puntuación en otra de las fases del concurso. En la lista de aprobados aparecerían cuatro personas que no estaban en la de admitidos en la primera convocatoria que fue suspendida para fijar otro plazo, supuestamente para beneficiar a opositores concretos.
Una de las personas que se presentó a la prueba y aprobó denuncia que no ha aparecido en las listas y al solicitar ver su examen y el de quienes superaron las pruebas para cotejar ambos, sólo le enseñaron su prueba práctica. Al no estar satisfecha esta persona con la puntuación otorgada presentó una reclamación y la respuesta fue que se había optado por un sistema de puntuación que no estaba reflejado en las bases.
También se rechazó su petición para que les dejaran acceder a los exámenes de los opositores aprobados. Todo ello ha dado lugar a la presentación de una serie de reclamaciones y la solicitud de hablar con el rector, extremo este último que ha sido negado. Pero además nadie sabe dónde está su reclamación, ni les han contestado, por lo que este grupo de personas se consideran engañados.
En las bases de la convocatoria se incluía un párrafo en el que, según estos denunciantes, “se dejan al libre albedrío del tribunal quién aprueba y quién no ese examen de oposición”. En concreto se señala la frase “corresponde al Tribunal Calificador la fijación del número necesario de preguntas válidamente contestadas para alcanzar la calificación mínima de cinco puntos, todo ello a la vista de la dificultad del ejercicio propuesto y grado de conocimiento alcanzado con referencia al nivel necesariamente exigido para el ingreso a esta categoría laboral”.
Este hecho, concluyen, “lógicamente nos genera un estado de frustración e impotencia en personas que en algunos casos cuentan con dos carreras terminadas, un máster y experiencia laboral, pero que al final lo único que encuentras son este tipo de agravios e injusticias”, indica uno de los denunciantes.
