Santa Cruz abona 677.000 euros por la retirada de 49 licencias de taxi
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abonó la semana pasada un total de 677.518 euros para retirar de la circulación 49 licencias municipales de autotaxi.
Los propietarios de cada una de las licencias recibieron un total de 14.000 euros por este concepto, si bien a una decena de los taxistas se le restó de esa cantidad las deudas que mantenían con otras administraciones, fundamentalmente Hacienda y la Seguridad Social.
El concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, manifestó que con el cierre de este proceso “continuamos en la línea iniciada el pasado mandato para reducir el número de licencias de taxi con las que cuenta el municipio, tal y como se acordó en la mesa sectorial con los profesionales de este servicio público”.
De igual manera, el edil anunció que durante este mes de noviembre “se abrirá nuevamente el plazo para que puedan beneficiarse, con la retirada de su licencia, la mitad de los 30 profesionales que quedaron en lista de espera cuando se realizó la convocatoria anterior que fue liquidada la semana pasada”.
El estudio realizado en enero de 2014 por los técnicos municipales recomienda una ratio de 3,55 licencias de taxi por cada 1.000 habitantes, “por lo que para cumplir este objetivo tendríamos que continuar reduciendo las licencias hasta quedarnos en 732 licencias. Hemos trabajado mucho en este sentido porque no hay que olvidar que cuando se inició el mandato de José Manuel Bermúdez había 1.086 licencias de taxi en Santa Cruz”, señala Arteaga.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Santa Cruz solicitará a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias una prórroga para la aplicación de la disposición adicional novena del Anexo del Reglamento del Servicio de Taxi en Canarias. Este punto establece que, a partir del pasado 11 de septiembre, todos los vehículos que presten el servicio de taxi en Canarias deberán disponer en su interior de una impresora.
En este sentido, Arteaga indica que la petición del Consistorio “intentará defender al sector a través del aplazamiento de la entrada en vigor de este requisito, toda vez que las empresas de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) no disponen aún de los medios humanos y mecánicos correspondientes para realizar los montajes, autorizaciones y homologaciones de los dispositivos de impresión que establece la normativa regional”.
