El buen trabajo no se debe penalizar

Hay muchos datos que ilustran las enormes dificultades que hemos tenido que afrontar en los últimos años, los sacrificios a los que nos ha obligado la crisis y las renuncias, a todos los niveles, que hemos debido asumir. Los más evidentes, y duros, tienen que ver con la situación de muchas familias que se han visto orilladas a la exclusión social por la falta de trabajo y de ingresos. Pero hay otros que también nos sitúan en una realidad marcada por las estrecheces presupuestarias, el control del gasto y, en general, la abrupta disminución de los recursos disponibles en las administraciones públicas.

En el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz, hay un dato clarificador y estremecedor al mismo tiempo. El año 2011, en pleno repunte de la crisis económica, cuando estábamos prácticamente en quiebra técnica, los Presupuestos municipales incluyeron una raquítica partida de 5 millones de euros para inversión –es decir para ejecutar proyectos en la ciudad– de un presupuesto total de 170 millones de euros. El papel de la administración local como generadora de actividad económica y de empleo fue, entonces, insignificante.

Este año, por contra, hemos incorporado al presupuesto una cantidad de 30 millones de euros, lo que ha sido posible por varias razones. La más determinante es el saneamiento de las cuentas municipales, un trabajo que hemos venido desarrollando, precisamente, desde 2011, con un control del gasto riguroso y una gestión que nos ha permitido incrementar los ingresos. Algo a lo que también ha contribuido, lógicamente, la positiva evolución de la economía a nivel global.

Ese importante crecimiento de la partida de inversión se ha aplicado sin menoscabo de las políticas y financiación para la protección de aquellos sectores más vulnerables a los que la crisis sigue pasando factura. Es más, este capítulo también ha venido experimentado un progresivo aumento desde hace años. En 2011 se concedieron ayudas básicas (Prestaciones Económicas de Asistencia Social), en apartados como alimentación, agua, luz o alquiler, por importe de 1,4 millones de euros; en 2016 esta partida asciende a 5,2 millones.

Los resultados de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento nos han permitido cumplir por quinto año consecutivo con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Hoy tenemos unas cuentas saneadas, pagamos en plazos cada vez más cortos y tenemos una deuda, tanto financiera como comercial, en su cota más baja. Todo ello en cumplimiento de las directrices impuestas por el Estado, que sin embargo no se ha aplicado en sus cuentas con el mismo rigor.

Los 30 millones de euros que destinaremos a inversión este año podrían haber sido muchos más si el Estado fuera más flexible a la hora de interpretar la llamada ‘regla de gasto’, que es la que impide aumentar el gasto público más allá de una tasa de referencia basada en el crecimiento de la economía española. Ese techo se justifica para los ayuntamientos con una delicada situación financiera, pero en ningún caso para corporaciones como la nuestra, totalmente saneada.

Tanto es así, que ahora mismo tenemos en nuestras arcas 40 millones de euros que no podemos invertir en la ciudad por culpa de esa regla, incluida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Lo que está propiciando el Estado, de hecho, es una penalización para aquellos ayuntamientos que han cumplido con sus deberes económico-financieros y que se han sacrificado para hacer bien el trabajo, algo que me resulta incomprensible.

Si hubiéramos podido disponer de ese dinero este año, el capítulo de inversión se habría disparado hasta los 70 millones de euros. El efecto tractor del Ayuntamiento en el tejido productivo de la ciudad se habría doblado, multiplicando su impacto en el mercado laboral y el tejido productivo. Un dinero con el que podríamos haber acelerado muchos proyectos que necesitan Santa Cruz y los santacruceros para consolidar la recuperación económica, un camino que, en cualquier caso, ya venimos transitando hace un par de años.

Plan de barrios, rehabilitación de viviendas, recuperación del patrimonio histórico, obras de infraestructuras, mejoras del litoral, promoción turística… Son muchísimos los programas que precisan de cuanta más financiación mejor para propiciar actividad económica y empleo. Confío en que el Estado sea receptivo a las voces que piden la flexibilización de ese criterio y podamos disponer a la mayor brevedad posible de esos fondos que se añadirían a los que ya estamos invirtiendo para mejorar la ciudad. Un buen trabajo que no se debe castigar.