Los estibadores fracasan en su último intento de recobrar la propiedad de sus edificios en Santa Cruz de Tenerife
La Asociación de Empresas Estibadoras del Puerto de Santa Cruz de Tenerife ha visto como fracasa su último intento por recobrar la propiedad de dos edificios situados en pleno centro de Santa Cruz. Uno de ellos tiene seis alturas y se encuentra en la calle La Marina y el otro con nueve está en la avenida de Anaga.
El Tribunal Supremo (TS) acaba de rechazar el incidente de nulidad promovido contra la sentencia que en el mes de marzo pasado se pronunció en este sentido. De hecho, en lo que ha transcurrido de año el TS se ha posicionado en cuatro ocasiones sobre la titularidad del inmueble que reclama tanto la Autoridad Portuaria como los estibadores. En todos los casos se ratifica que los edificios pertenecen al Estado.
El objeto de impugnación había sido una orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1995 por la que hacía suyos estos dos inmuebles que hasta entonces pertenecían a la extinta Organización de Trabajadores Portuarios. La batalla judicial se inició en el año 2001 y llegó en 2011 al Tribunal Constitucional (TC) que ordenó reanudar el proceso aunque el resultado ha sido el mismo para Puertos y los Estibadores.
Éstos últimos defienden que eran los titulares de los inmuebles ya que con anterioridad habían pertenecido a la asociación de estiba y desestiba del puerto de Santa Cruz. Sin embargo, tanto a su paso por la Audiencia Nacional como por el Supremo se ratifica que los edificios pertenecen al Estado.
De hecho, uno de los argumentos que esgrimen los estibadores es que las sentencias se copian casi milimétricamente, tanto en lo que tienen que ver con Puertos como las suyas propias. Pero tanto éste como el resto de los razonamientos esgrimidos fueron rechazados de plano por el Supremo.
En todo este largo proceso judicial que ha durado 14 años, los estibadores y puertos han argumentado que nunca se les notificó la orden ministerial del año 1995. A partir de entonces, la asociación de empresas estibadoras, que eran minoritarias en Sestife acudieron a los tribunales pidiendo la nulidad del acuerdo. Este colectivo alegaba que una orden de 1986 imponía que la totalidad del patrimonio de la extinta OTP fuese aportado a Sestife.
