La oposición lagunera insiste al Cabildo insular en que no desproteja el suelo agrícola del municipio

Los grupos municipales de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) y Unidos Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna han pedido por escrito al Cabildo que rechace el recurso interpuesto por la concejala de Urbanismo para crear una apariencia de desprotección en los suelos del municipio delimitados por el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT), a través de las Áreas de Regulación Homogénea (ARH), para proteger la agricultura tradicional y su paisaje, y en los ámbitos destinados a la agricultura intensiva, que deben ser preservados estén o no en cultivo en la actualidad.

El escrito en defensa del suelo rústico, firmado por los portavoces de ambos grupos municipales, Santiago Pérez y Rubens Ascanio, recuerda que la delimitación por el PIOT de las ARH ha sido el principal instrumento de protección del suelo agrícola frente a la presión urbanizadora de algunos gobiernos municipales.

La entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo, derogando las disposiciones de los instrumentos de planeamiento que la contradigan, ha llevado al Cabildo a adoptar un acuerdo, meramente declarativo y sin valor normativo, para “considerar… el estado de vigencia de las distintas determinaciones del Plan Insular de Ordenación”, se señala en el citado documento.

En este sentido, Santiago Pérez asegura que, en dicho acuerdo, se “consideran vigentes y vinculantes sobre el planeamiento municipal las ARH que delimitan las zonas del territorio insular que deben ser protegidas por sus valores agrícolas”, ya que el suelo agrícola tinerfeño, “resultado de un largo proceso de transformación territorial”, tiene “un valor muy superior a su simple consideración económico-productiva”, por lo que “la defensa de las áreas de protección económica es un objetivo prioritario del PIOT”.

Del mismo modo, Rubens Ascanio indica que la consejera directora de la Gerencia y concejala de Urbanismo en La Laguna, Candelaria Díaz, ha interpuesto un recurso de reposición contra el referido acuerdo del Cabildo, considerando que “deberían entenderse derogadas las Áreas de Regulación Homogénea del PIOT, por no responder a la delimitación de áreas económicas de relevancia insular”.

En ese escrito, pide que el acuerdo recurrido sea modificado en ese sentido, al tiempo que especifica que “es evidente que el recurso de la edil, presentado bajo responsabilidad de la Alcaldía, pretende que se declaren derogados tanto la ARH que protege el suelo agrícola de la comarca costera del municipio (Valle de Guerra, Tejina, Bajamar, Punta del Hidalgo) como la que protege el suelo agrario de la Vega de Aguere y Los Llanos de La Laguna, más los ámbitos de protección de la agricultura tradicional de Los Baldíos y Geneto.

Afirma que el PGO, a día de hoy, “sigue siendo un documento escondido para los grupos de la oposición y el último que se pudo estudiar seguía contemplando crecimientos urbanísticos que, en casos concretos, como el de Geneto, establecía incluso más del 130% de crecimiento urbanístico, mientras que se mantienen más de 15.000 viviendas vacías en el municipio, una contradicción que en sí mismo hacen inviable ese Plan”.

El portavoz de la formación cree que “hay motivos sobrados para desconfiar de la supuesta voluntad de CC de proteger el suelo agrícola. Sus años han sido los del piche y el cemento. Como ejemplo claro, entre 1991 y 2007, la población lagunera creció el 22,3% y las viviendas el 72%. Ese mismo espíritu contamina el PGO”.   

“La finalidad política del recurso es tener las manos más libres para clasificar suelo urbanizable, ya que la potestad municipal de clasificación de suelo urbanizable no podrá ser ejercida cuando se trate de suelos incluidos en un Área de Regulación Homogénea (de protección del suelo agrario), aunque estos no tengan ninguna relevancia insular”, indica Pérez, que advierte que con la nueva Ley del Suelo será el propio Ayuntamiento el que apruebe definitivamente el PGO, que será ejecutivo de inmediato. Así, el único control de legalidad, suprimido el de la Cotmac, será el control judicial, posterior a la entrada en vigor del Plan.