Pérez subraya que en la contratación de la secretaria del concejal de Deportes está “la adicción de CC a enchufar gente”
El portavoz del grupo municipal de XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, ha denunciado este jueves que el Gobierno local de Coalición Canaria (CC) se “ha llegado a inventar prórrogas de importantes servicios con carácter retroactivo que cuestan millones de euros a los contribuyentes para moverse en un limbo jurídico que le permite practicar su adicción al enchufismo”, se recoge en una nota remitida a los medios. Pérez también afirmó que detrás de la contratación de la secretaria del concejal de Deportes, Agustín Hernández, está esa misma adicción: la de “CC a enchufar gente”.
“Se trata, por incompetencia o con intencionalidad, de mantener situaciones al margen de la legalidad, en contra de informes rotundos de la Intervención, con la excusa de que los servicios son necesarios para navegar en un limbo jurídico en el que todo es posible: la calidad y cantidad de las prestaciones, los precios que paga el Ayuntamiento y hasta la contratación de personal por parte de esas empresas”, dijo Santiago Pérez.
El concejal señaló que “se ha llegado a dar el caso de que el inicio de la tramitación de los nuevos concursos se pone en marcha cuando queda solo un mes, no solo para la terminación del plazo legal del contrato, sino de las prórrogas, con lo cual es imposible tramitarlos”. Además, se añade en la nota: “Nunca puede invocar la urgencia quien es el responsable de que la situación se haya producido, como denuncia la Intervención; en algunos casos no se puede prorrogar un negocio jurídico que ya no existe”.
En este entorno, Santiago Pérez cree que “la reacción del alcalde ante las noticias de contrataciones y cesión ilegal de mano de obra en el Organismo Autónomo de Deportes es simplemente ridícula si este no fuera un tema serio”, y recuerda que el Ayuntamiento de La Laguna “ha autorizado a lo largo de este mandato, sin ningún título jurídico, la continuidad en la prestación de importantes servicios municipales a empresas cuyos contratos y sus prórrogas legales con el Ayuntamiento ya se habían extinguido”.
Pérez indicó que “estamos hablando de varios millones de euros y de servicios municipales de gran importancia, como los servicios de día en los centros de Padre Anchieta, Taco, San Matías, La Cuesta, Ángeles Bermejo, la costa Tejina y El Cardonal-San Jerónimo”.
También se hallan en esa situación “servicios educativos infantiles, los servicios de ayuda a domicilio, la prevención y el seguimiento del absentismo escolar, con empresas con nombres muy conocidos, como Lude Gestiones, Koroibos, SL, Clece, Servisar Servicios Sociales, SL, Eulen Servicios Sociosanitarios, el grupo Europeos de Servicios DOAL, que se encarga de la limpieza de instalaciones, oficinas y dependencias del Organismo Autónomo de Deportes, o Interjardín, para el mantenimiento y conservación de los jardines”.
“Estamos hablando de contratos extinguidos y, por lo tanto, de autorizaciones para que estas empresas sigan prestando los servicios y cobrando del Ayuntamiento sin ningún título jurídico que lo avale, y además con rotundos informes de legalidad de la Intervención en contra, en los que se llega incluso a precisar que los precios que el Ayuntamiento continuaba pagando no estaban justificados”, se expone en el mismo comunicado.
El portavoz de XTF-NC tiene claro que, “cuando el Ayuntamiento utiliza con normalidad este tipo de prácticas, al margen de la legalidad, se está colocando en ese terreno al que un columnista nada sospechoso de desafección al régimen en los tiempos actuales, Francisco Pomares, llama al límite de la criminalidad”.
En el origen de muchas de estas prácticas -siguió Pérez-, y en concreto en la contratación de una secretaria para el concejal de Deportes por parte de una empresa concesionaria de un servicio, “está la necesidad y la adicción de CC de enchufar gente”, hasta el punto de que, tras la modificación de la Ley de Régimen Local para la reducción del personal de confianza de forma que no pueda haber más que el número de concejales que componen el pleno (27 en el caso de La Laguna), “decidieron primero acapararlos todos dejando a la oposición sin ninguno, y después utilizar subterfugios para seguir ampliando al margen de la ley el número de cargos de confianza”.
Así, prosigue Pérez, “nos enteramos de que la secretaria particular del concejal de Deportes en realidad es trabajadora de una empresa de servicios a la que el Organismo Autónomo ha contratado para otro tipo de funciones. O de que la persona a quien el alcalde presenta como jefa de Comunicación no figura por ningún lado en la nómina de personal eventual, cuando el desempeño de esa función requiere un nombramiento”.
Santiago Pérez dijo “que CC navega entre su necesidad apremiante de enchufar gente y la sensación de debilidad y de incompetencia que los lleva a tratar de ampliar siempre sus redes clientelares”.
