Sí Se Puede pedirá en el pleno de Santa Cruz que se pacte con los sindicatos la solución para 300 interinos y laborales

El portavoz de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández Arcila, ha informado este viernes de que su partido ha promovido el apoyo a las reivindicaciones sindicales para lograr la estabilidad en el empleo de 300 trabajadores y trabajadoras indefinidos e interinos de la citada corporación. Esto se hará a través de una moción que defenderá en el pleno del miércoles 18 de julio.

Sí Se Puede considera imprescindible que el Ayuntamiento alcance un acuerdo con los sindicatos y que ambas partes consensuen el proceso selectivo relacionado con esos puestos de trabajo, al integrar en la oferta pública de empleo los derechos adquiridos por el personal que lleva más de una década en situación indefinida por fraude de ley.

El acuerdo propuesto solo se puede alcanzar si se paraliza la oferta pública de empleo para dar paso a un proceso de diálogo con las representaciones sindicales, con el fin de consensuar los criterios que deben primar en los futuros procesos selectivos. A juicio de Sí Se Puede, se debe considerar como “factor preponderante a analizar la experiencia acreditada del personal funcionario interino y del indefinido”, tal y como propondrá la moción.

El portavoz ecosocialista plantea la necesidad de encontrar soluciones extraordinarias ante hechos excepcionales, consecuencia de un fraude de ley cometido por el Ayuntamiento a raíz de la excesiva duración de la contratación. La corporación es el único responsable de no haber convocado las plazas durante una veintena de años cuando la ley lo exigía para garantizar la estabilidad en el empleo.

Estas personas se encuentran actualmente en una situación de personal laboral indefinido, como resultado de una sentencia judicial o de una relación funcionarial de interinidad. La incertidumbre judicial en torno a estos puestos de trabajo viene dada por las numerosas cuestiones elevadas por los juzgados españoles al Tribunal de Justicia Europeo por el incumplimiento de la Directiva Europea 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada.