Adeje justifica las bases del concurso de las 15 licencias de taxi anuladas por la simplificación y cree que no se pueden impugnar

El Ayuntamiento de Adeje ha presentado su anunciado recurso contra la sentencia que anula 15 licencias de taxi del municipio por las restricciones impuestas para participar en las bases, que se aprobaron en junio de 2023. El consistorio fundamenta su apelación ante el juzgado número 2 de lo Contencioso de Santa Cruz de Tenerife, que emitió el fallo el pasado 10 de diciembre, en tres puntos, sobre todo para contrarrestar la afirmación de la sala de que se aprueba de manera indebida el reglamento de este concurso. Según el abogado del consistorio, el artículo 11.3 del decreto 74/2012 (del 2 de agosto), por el que se aprueba el reglamento del servicio de taxis y que determina que cada ayuntamiento resolverá las peticiones de licencia a favor de aquellos solicitantes con “mayor derecho de preferencia acreditado”.

La defensa de la Corporación adejera entiende que esa prerrogativa permite al gobierno local establecer en las bases una primera criba mucho más exigente para evitar que el proceso se alargue de “manera absurda y casi interminable”. Entiende el consistorio y sus asesores jurídicos que pudieron presentarse las 356 personas solicitantes al principio, pero “parece claro que, en su mayoría y llegadas a cierto punto del proceso, quedarían eliminadas por no cumplir determinados criterios”. Por eso, y siempre según la argumentación municipal, se simplifica la criba con unos criterios diferentes que no han sido respaldados por el juzgado número 2.

El abogado local considera que el ayuntamiento aplicó bien la ley para hacer el proceso más sencillo porque muchos de esos 356 asalariados no podrían cumplir todos los requisitos si todos decidían presentarse. 

Además, el recurso, en  su segundo punto, sostiene que existe una carencia sobrevenida del objeto del proceso, ya que consideran que las bases del concurso se extinguen con la resolución del concurso con el acuerdo en el pleno, por lo que dejan de regir. En este sentido, el abogado municipal interpreta que, al no haber proceso, no se puede interrumpir ni impugnar.

El tercer fundamento del recurso resulta más formal, técnico y jurídico, al aludir a una presunta infracción de un artículo de la ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa y Administrativa. 

El fallo del pasado 10 de diciembre del juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife ha anulado, en primera instancia, anula estas quince licencias de autotaxi concedidas en enero de 2024 tras un proceso cuyas bases se aprobaron en junio de 2023, pocos días después de las elecciones municipales del 28 de mayo. La sentencia obedece a una denuncia de la asociación de taxistas asalariados Costa Adeje (Ataca), integrada por profesionales de este ámbito del transporte de ese municipio del Sur de Tenerife, uno de los más importantes por su peso turístico y que gobierna el PSOE con mayoría absoluta desde 1987 en la figura de José Miguel Rodríguez Fraga, presidente de los socialistas canarios.

La asociación, que impugnó el proceso y se muestra muy crítica con el gobierno local desde hace años, considera que, en el fondo, se intentó “comprar votos” a cambio de estos permisos, si bien en la sentencia y denuncias no se alude a este extremo. Para Ataca, el fallo del juzgado les da la razón sobre unas “irregularidades” y formas por parte del equipo gobernante que cree impropias de una democracia asentada y fundamentada en la legalidad y el estado de derecho. La entidad se muestra especialmente dura con la gestión del alcalde, aunque también con la de la edil de Seguridad, Promoción de la Actividad Económica y el Empleo, María Mercedes Vargas, el máximo responsables de los servicios jurídicos y otros concejales. De hecho, pide la dimisión de, al menos, los tres primeros tras esta sentencia.

Además, la asociación que preside Pedro José Afonso considera que el recurso que tenía claro que presentaría el gobierno adejero contra el fallo judicial tendrá poco recorrido. Además, cree que también corren peligro otras 16 licencias fruto de esas bases de junio de 2023 a conceder ahora. Según recalcan, cada permiso nuevo costaba 400.000 euros y entre las personas a los que les concedieron algunos de esos 15 había dos de los integrantes de esta entidad, que fueron expulsados.

El consistorio da por muy probable que la resolución sobre su recurso tardará en emitirse, quizás casi un año.