Varios detenidos en Tenerife por un presunto fraude en tratamientos sanitarios a jubilados alemanes

Cuatro personas procedentes de Alemania han sido detenidas en Puerto de la Cruz (Tenerife) por fraudes en la prestación de servicios sanitarios a jubilados procedentes de ese país y que se facilitaban sin tener habilitación para ello, según ha informado este viernes la Policía Nacional.

Los tratamientos costaban decenas de miles de euros, y en ocasiones superaban los 33.000 euros, indica la Policía, que añade que las personas detenidas, que tienen entre 52 y 57 años de edad, son los dos líderes de la organización y sus parejas.

La Policía Nacional da por desarticulada esta organización criminal que ha cometido, presuntamente, delitos de estafa, amenazas, falsedad documental, intrusismo profesional y contra la salud pública en el ámbito sanitario. Por ahora, añade la Policía, se ha identificado a 16 personas perjudicadas.

La investigación de la Policía Nacional, que continúa centrada en los activos patrimoniales de la organización y sus miembros, comenzó el pasado año tras tener conocimiento de que una organización criminal, integrada por ciudadanos alemanes y ubicada en el norte de Tenerife, se dedicada a la comisión de fraudes en el ámbito sanitario.

Según la Policía, esta organización actuaba de forma que uno de sus miembros, que es médico, captaba a potenciales víctimas, en su mayoría residentes alemanes de edad avanzada, con un alto poder adquisitivo y asegurados por compañías alemanas con importantes coberturas en sus pólizas.

Los pacientes se derivaban a otro miembro de la organización para que recibieran atención especializada, como fisioterapia o psicoterapia.

Los supuestos profesionales que iban a llevar a cabo dichos tratamientos carecían de la habilitación necesaria en España para llevarlos a cabo.

Agrega la Policía Nacional que a los pacientes se les cargaban tratamientos de alto coste que, en el mejor de los casos, se cumplían sólo en parte, y en ocasiones se les administraban fármacos cuya utilización no está permitida por las autoridades sanitarias en España.

A ello se sumaban las amenazas que recibían los pacientes cuando los miembros de la organización sospechaban que estos habían contactado con las autoridades españolas o, simplemente, ponían en duda la eficacia de los tratamientos médicos.