Los vecinos acuden a los tribunales contra la ampliación del Monkey Beach Club por incumplir la Ley de Costas

Vecinos del municipio de Adeje han presentado una demanda en la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra la ampliación del Monkey Beach Club, un conocido local de ocio del sur de Tenerife que ha incrementado su altura en dos plantas pese a estar ubicado en primera línea de la playa de Troya. El escrito, al que ha tenido acceso Mírame Televisión, solicita que se anulen las autorizaciones concedidas por la Consejería de Política Territorial del Gobierno autonómico y por el Ayuntamiento al considerar que son contrarias a la Ley de Costas.

La demanda, que fue presentada el pasado lunes, también reclama al TSJC que se condene a las administraciones que dieron los permisos “a proceder a la restitución de las cosas y reposición a su estado anterior a las obras”, lo que conllevaría, de ser estimado, la demolición de las dos nuevas plantas de altura del establecimiento y de los más de 440 metros cuadrados en que ha aumentado su superficie.

El frente judicial del contencioso-administrativo se abre en paralelo a la causa penal que tiene entre manos el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arona, que investiga por presuntos delitos urbanísticos a los técnicos y políticos que otorgaron las autorizaciones, entre los que destacan el exviceconsejero de Política Territorial de Canarias Jesús Romero (CC) y el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE), que presidió la Junta de Gobierno local que concedió la licencia municipal.

Tal y como era de esperar, después de que el pasado mes de abril anunciaran la interposición del recurso contencioso-administrativo, vecinos perjudicados por haber perdido las vistas al mar de las que disfrutaban antes de la reforma del Monkey Beach Club han presentado una demanda que obligará al TSJC a pronunciarse sobre el conflicto urbanístico que sacude al local de ocio, conocido por organizar fiestas y eventos.

En el escrito de demanda se recuerda que el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa Adeje (PMM), en el que se apoyaron tanto el Gobierno de Canarias como el Ayuntamiento para autorizar las obras y que ha sido anulado en primera instancia por el TSJC, incorpora una disposición adicional única que insta al cumplimiento de la Ley de Costas en el caso de las actuaciones que se desarrollen en las zonas de servidumbre de protección y tránsito del dominio público marítimo-terrestre.

La Ley de Costas, en su disposición transitoria cuarta, deja claro que no se podrán autorizar obras que supongan aumento de volumen o de altura de las construcciones que ocupen la servidumbre de protección y que hayan sido construidas antes de la entrada en vigor de la normativa estatal, en 1988, como es el caso de la instalación del Monkey Beach Club. En la demanda se insiste en que “las administraciones actuantes, tanto a la hora de conceder las licencias urbanísticas como las autorizaciones de protección del dominio público litoral, debían de aplicar preferentemente las prescripciones de la legislación sectorial de Costas”.

Además de apelar a la disposición transitoria cuarta, el escrito presentado por los vecinos alude al artículo 25 de la Ley de Costas, que establece que solo se permitirán en la servidumbre de protección las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación. El escrito concluye que “el interés público no parece demandar que lindando con una playa exista una sala de fiestas y banquetes de más de 600 metros cuadrados de superficie construida y tres plantas de altura”.

Servidumbre de tránsito

Los vecinos también consideran que se incumple el artículo 27 de la Ley de Costas, cuyo contenido decreta que la servidumbre de tránsito debe dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, “lo cual no se cumple en el caso del Monkey Beach Club”.

Además de aportar fotografías, en las que se puede apreciar que esta zona de paso está bloqueada por el local, la demanda recuerda que la disposición transitoria decimocuarta de la Ley señala que la servidumbre de tránsito solo “queda garantizada si se encuentra total y permanentemente desocupada en al menos tres metros de anchura desde la ribera del mar, con un gálibo en altura de, al menos, tres metros”.

En el escrito se expone que “en la medida en que esta condición legal no le fue impuesta al promotor al momento de otorgársele las autorizaciones de protección del dominio público marítimo-terrestre, los títulos habitantes concedidos a Nuevo Servicio y Turismo JCC SL serían contrarios a los dispuesto en este precepto y, por lo tanto, nulos de pleno derecho”.

Nuevo Servicio y Turismo JCC SL es una sociedad propiedad de los hermanos Cabrera, dueños del Monkey Beach Club e hijos de José Fernando Cabrera, expresidente de Ashotel, la patronal hotelera en la provincia tinerfeña.

Otro argumento legal que se esgrime contra las obras de ampliación del Monkey Beach Club, que se encuentra precintado en la actualidad por no contar con una licencia de actividad adaptada a la nueva realidad urbanística, es que los permisos otorgadas por las administraciones “no han tenido en cuenta la prohibición de formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes” que fijan los artículos 30 de la Ley de Costas y 59 del Reglamento General de Costas. Los demandantes consideran que esta situación “constituye un claro vicio de nulidad de los actos autorizatorios concedidos”.

Pero el escrito va más allá y recuerda un dato clave: tal y como ha reconocido en diversos informes el Servicio Provincial de Costas, “en ningún momento se han aportado por el promotor de las obras los títulos habilitantes en virtud de los cuales se habría construido la edificación preexistente”. Este hecho supone, en opinión de los vecinos, que sería de aplicación el primer apartado de la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas, que establece que “las obras e instalaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas entonces vigente, serán demolidas cuando no proceda su legalización por razones de interés público”.

Los demandantes aclaran que, “aun en la hipótesis de que se llegara a estimar que las obras e instalaciones preexistentes sí fueron ejecutadas legalmente, debe alegarse para este caso que la reforma de las terrazas”, en alusión a otro proyecto vinculado al de ampliación, “tampoco cumpliría con el régimen dispuesto en el segundo apartado de la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas”.

El escrito asevera que también es una causa de nulidad de los permisos otorgados que no se haya cumplido la condición que señala que “para que las obras en servidumbre de tránsito puedan autorizarse por el órgano urbanístico competente, con carácter previo, la Administración del Estado habrá de haber emitido un informe favorable en el que conste fehacientemente que la servidumbre de tránsito queda garantizada, presupuesto del que se carece en este caso”.

Además de considerar que las autorizaciones y licencias que han permitido la ampliación del Monkey Beach Club “resultan contrarias al interés general por incurrir en flagrante vulneración del régimen legal de protección de costas”, la demanda apunta también a la supuesta omisión en la que ha incurrido la Administración del Estado, “que no tiene intención de hacer uso de las potestades que el ordenamiento le reconoce para la defensa de la integridad del dominio público”.

El escrito presentado ante el TSJC se basa en un acta de inspección levantada por un agente medioambiental de Costas que advirtió de la existencia de presuntas ilegalidades en las obras de ampliación del Monkey Beach Club, sin que ello despertara la actuación de sus superiores. “Este informe deja bien a las claras que la Administración Periférica del Estado era plenamente consciente, al menos desde enero de 2018, de las numerosas irregularidades de que adolecía el proyecto de reforma (...) y a pesar de ello no se hizo nada por evitar que se ejecutaran las obras” del establecimiento.

Antes de interponer la demanda, un grupo de vecinos también pidió por escrito explicaciones al Servicio Provincial de Costas que, después de mucho insistir, lanzó al pelota al tejado de la Consejería de Política Territorial de Canarias. El exviceconsejero que firmó las autorizaciones, Jesús Romero, imputado en la causa penal, se limitó a contestar que los trabajos cumplen con las disposiciones urbanísticas del PMM.

Tras la presentación de la demanda, el TSJC dará traslado del escrito a la Abogacía del Estado, en representación de Costas, y luego al resto de codemandados (Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Adeje y el Monkey Beach Club) para que contesten.