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La Fiscalía pedirá al Supremo investigar a la senadora del PP por Tenerife Milagros Pérez

Milagros Pérez junto a Pablo Matos (i) y Antonio Alarcó (d)

Un extenso escrito elaborado por el fiscal Santiago Guibert, al que ha tenido acceso mirametv.com, pone contra las cuerdas el futuro político de Milagros Pérez, senadora del PP por la isla de Tenerife desde las pasadas elecciones de diciembre. A lo largo de 12 folios, el representante del Ministerio Público relata al detalle unos hechos de los que considera que "se aprecian indicios suficientes de la comisión de un delito continuado de prevaricación" por parte de la exalcaldesa de Santa Úrsula, a raíz de una veintena de contrataciones que se llevaron a cabo durante los años 2011 y 2012.

El fiscal pedirá sentar en el banquillo a la candidata del PP al Senado Milagros Pérez

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La Fiscalía, que también ve responsabilidad penal en las actuaciones del por entonces socio del PP en el Ayuntamiento tinerfeño, el concejal del PSOE Víctor Hernández, pide al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de La Orotava que "se acredite en autos la condición de senadora de la investigada Milagros Pérez". No hay que olvidar que la exalcaldesa pasó a estar aforada tras los pasados comicios de diciembre, cuando su partido decidió colocarla de candidata a la Cámara Alta pese a que ya la jueza instructora había finalizado la investigación y apreciado indicios suficientes para la apertura de juicio oral.

El Ministerio Público recuerda en el escrito que, una vez que se acredite formalmente la condición de senadora de Milagros Pérez, "se elaborará una exposición motivada de hechos que deberá remitirse a la Sala Segunda del Tribunal Supremo". Consciente del retraso que este trámite puede provocar en una causa que ya estaba vista para juicio, Santiago Guibert también reclama que "se interese la declaración de complejidad" de las actuaciones, al "presumir que no podrá razonablemente completarse en el plazo" que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras, precisamente, la reciente reforma aprobada por el Gobierno del PP. De aceptarse la propuesta del fiscal, la instrucción se podría prorrogar durante 18 meses y hasta un máximo de tres años.

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