El perito de Inversiones Las Teresitas aborda en su informe tasaciones y hoteles inexistentes

Jordi Duatis Puigdollers fue el perito elegido por Inversiones Las Teresitas (ILT) para defender, en el juicio civil que se ha celebrado durante dos días en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, una tasación que fija el valor de los terrenos vendidos en 2001 al Ayuntamiento capitalino en 58 millones de euros, cinco más de los pagados en aquella fecha. El profesor de Arquitectura de la Universidad de Barcelona, que se presentó como experto en este tipo de informes, arremetió sin piedad contra la valoración hecha por la exarquitecta municipal Pía Oramas, que limitó este valor a 19 millones.

Casi había conseguido destrozar del todo el trabajo de la funcionaria cuando la intervención del letrado que representa al Ayuntamiento puso bastante en entredicho su discurso. Juan Luis Estévez Fernández llamó la atención sobre el hecho de que el estudio de Duatis se había llevado a cabo sobre unos avances previos que nunca habían sido firmados o ratificados por Oramas. El letrado también le sacó los colores al profesor cuando le preguntó cuáles eran los hoteles y centros comerciales que, según se reflejaba en su dictámen, habían dinamizado el frente litoral de San Andrés. No supo contestar porque simplemente no existen.

Durante su intervención, el técnico señaló que se enfrentaban a un trabajo de gran complejidad debido a que se tienen que valorar establecimientos turísticos. En este caso el Plan General aprobado en 1992 reconocía a los propietarios unos derechos edificatorios sobre 179.600 metros cuadrados. En 2001 el Ayuntamiento compra con la intención de extinguir esas posibilidades e impedir que el frente de playa albergue construcción alguna.

El técnico indicó que la diferencia de precios entre las tasaciones elaboradas se debe al método utilizado. En el primer grupo están las que plantean unas cifras más reducidas como la de Oramas, 19 millones, o la de los peritos que trabajaron para el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que la cuantificaron en un mínimo de 12 y un máximo de 15. La media se sitúa en unos 20 millones, 33 menos de lo pagado. En el segundo está la suya propia y las elaboradas por Tinsa, Sociedad de Tasación o la de Javier Domínguez Anadón. En estos casos la media llega a los 62 millones.

Una diferencia tan marcada vendría dada por la metodología aplicada. Pía Oramas, por ejemplo, optó por ir reduciendo aprovechamientos según se veían afectados por la moratoria, estándares turísticos o el deslinde, y él por cuantificar los existentes.

A partir de aquí el técnico arremetió contra las tasaciones del TSJC y de Oramas. Dijo que no se concretaban datos y que carecían totalmente de rigor técnico. “Estamos hablando de estudios muy endebles, en los que se cometen errores colosales y de importancia”. Por ejemplo, la técnico se habría basado en un informe elaborado por la Universidad Carlos III del que habría copiado unos datos y obviado otros que calificó de vitales.

Estas tasaciones incumplirían la normativa, no estaban documentadas y se basaron en la ley anterior a la que entró en vigor en 1998. Sin embargo, la explicación la había aportado la propia exarquitecta un día antes, al advertir que nunca había firmado esos trabajos porque eran simples avances. “Ya me extrañaba a mí que no estuvieran firmados”, fue lo único que pudo decir Duatis.

Por su parte, el abogado municipal intentó desmontar la teoría de los errores de la tasación de la exarquitecta municipal. “Nadie ha visto la tasación de Pía Oramas, porque el Ayuntamiento nunca la ha aportado. Por lo tanto usted ha criticado con dureza unos informes que no conocía”. También indicó que, en contra de lo asegurado, la técnica no optó por el método residual, sino por el comparativo.

Para el abogado de Santa Cruz, el error del profesor es que no tuvo en cuenta que los usos y aprovechamientos iban a quedar extinguidos desde el día que el Ayuntamiento compró los terrenos. Al respecto, Duatis admitió que podría ser objeto de otra valoración y que no era letrado sino que había recibido asesoramiento de Domínguez Anadón otro perito aportado por ILT, pero que tampoco es abogado.

El técnico catalán sostuvo que la moratoria no hubiese afectado los hoteles de cuatro estrellas, para acto seguido ser cuestionado por el abogado municipal: “¿Usted cree que alguien se iba a decidir a invertir para acogerse a excepciones de la moratoria, sabiendo que el Ayuntamiento compró los terrenos precisamente para que no se construyera”.

El letrado le preguntó por qué sabía que el proyecto de urbanización estaba aprobado, a lo cual dijo que lo sospechaba porque los propietarios habían depositado un aval y por que había tenido acceso a un plan para hacer obras en dos calles. “Lo cierto es que nadie ha visto ese proyecto de urbanización, ¿cómo puede hacer una valoración tan importante sin pruebas? ¿No hablaba usted de transparencia? ¿Por qué no admite que se basó en un supuesto?”, le dijo por último el abogado.