La Justicia anula la absolución del veterinario involucrado en la trama de peleas de perros en el sur de Tenerife

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la absolución del veterinario tinerfeño relacionado con la trama de peleas de perros en el ámbito nacional que llegó a sumar 23 procesados de los que todos fueron condenados con penas de menos de dos años, excepto dos veterinarios, entre ellos el canario.

En el fallo de hace un año de la Audiencia Provincial de Madrid no quedó acreditado que los dos facultativos, uno de Tenerife y otro inscrito en el Colegio Oficial de Toledo y de Madrid, conocieran el estado de los animales y su destino, entrenamiento y medicación para lograr el máximo rendimiento, por lo que quedaron absueltos.

Sin embargo, ahora el TSJM acepta la petición de la Fiscalía de que se vuelvan a valorar las pruebas para o bien para concluir en una condena o ratificar la inocencia, mientras que la acusación particular, formada por Salvando Ángeles Sin Alas (SASA), defendió que fuera condenado, lo que en principio rechaza la sala hasta que no se haga una revisión de su caso particular.

Los hechos saltaron a la luz pública cuando en la noche del 18 de febrero de 2017, en una finca del sur de Tenerife, mientras se celebraba la convención canaria de peleas de perros se produjo la intervención de agentes del grupo de medio ambiente, quienes interrumpieron un combate en el que se hacían fuertes apuestas.

En ese momento encontraron un animal muerto, otro herido y cuatro listos para iniciar otros enfrentamientos. Los agentes liberaron a unos 230 perros.

Entre los elementos que el TSJM pide que se valoren de nuevo está que en la primera sentencia se reflejó que en su momento el veterinario tinerfeño atendió a un perro malherido sobre el que no indagó las causas de los daños, o el hallazgo de una receta en blanco de una clínica firmada y sellada por él.

También se cita una conversación de otros dos condenados en la que se refieren a su “tolerancia” con la celebración de lo que denominan “fiesta” o el consejo dado sobre cómo punzar entre las costillas de una perra enferma, que posteriormente murió.

En aquel momento se estimó que estas pruebas eran imprecisas o no concluyentes para determinar su participación en las actividades del grupo criminal ni en el delito de maltrato como cooperador necesario.

Pero ahora el TSJM sostiene que se eludieron elementos demostrativos de que el acusado podría formar parte de este grupo, aportando sus conocimientos técnicos acerca del tratamiento médico, ocupándose de los que eran propiedad de los miembros del grupo y particularmente de uno de los cabecillas condenados.

Su actividad habría consistido en análisis sanguíneos para su recuperación tras las peleas, extender recetas de medicación y otras en blanco y documentando a los animales, “a sabiendas de la ilícita actividad para la que eran adiestrados”.

La reciente sentencia del TSJM refleja numerosas conversaciones que no se recogen en el fallo recurrido que implicarían al veterinario en la trama asistiendo a los perros mediante controles y alteraciones de documentos para su traslado, entre otras.

Entiende la sala que estas pruebas requieren valoración con el resto, relacionándolas con la documentación y efectos intervenidos, entre ellas una receta firmada y sellada por el veterinario sin fecha sobre un medicamento llamado Dexabiopen, un antibacteriano inyectable.

La trama fue desarticulada en febrero de 2017 y se dedicaba a criar perros potencialmente peligrosos a los que adiestraba para ser más agresivos y proporcionaban sustancias dopantes como testosterona para enfrentarlos en peleas en las que resultaban muertos o gravemente heridos.

La red operaba a nivel nacional, local y regional, detectándose grupos en Madrid, Canarias, Alicante, Murcia, Almería y Málaga, que estaban “interconectados” y tenían ramificaciones a nivel internacional.