El contrato que une a Fernández con Anfi a razón de 24.000 euros al año de emolumentos a aflorar, contempla la tramitación de todo tipo de licencias y permisos urbanísticos ante las administraciones públicas, una actividad que muy bien podría estar prohibida a un diputado. Es cierto que el secretario general del PP se ausentó de la votación del pleno del Parlamento de marzo de 2007, pero está confirmado que formaba parte de la Comisión de Ordenación del Territorio que se reunió el día 26. Curiosamente, Fernández se hizo miembro de esa comisión el 27 de septiembre de 2005, poco antes de que el Cabildo grancanario diera vía libre al proyecto, cuando la legislatura había atravesado ya su ecuador. Y más curioso todavía: sustituyó al diputado Domingo González Arroyo, seguramente por indicaciones de la superioridad y no porque el majorero abandonara la Cámara por causas de fuerza mayor.