Cuando en junio de 2008 se celebró en Granadera Canaria un sonado juicio por injurias y calumnias con el caso Isolux como telón de fondo, muy pocos sabían que desde entonces ya estaban subiendo los niveles de boro en el agua de la capital grancanaria por culpa, precisamente, de esos módulos de desalación adjudicados por Pepa Luzardo de modo tan pintoresco. En aquel juicio se absolvió al periodista que contó cómo fue aquella operación, orquestada por Pepa en agosto de 2003, consistente en encargar un segundo informe técnico tras descubrir que el primero, realizado por los expertos de la Unidad del Ciclo Integral del Agua, habían colocado a Isolux en penúltimo lugar. La empresa mejor puntuada fue, miren por dónde, una filial del grupo Bouygues, principal accionista de Emalsa, y su representante en Canarias, Rafael González Bravo de Laguna, intervino como testigo en aquel juicio relatando cómo Soria le había ordenado que no recurriera aquella adjudicación so pena de no trabajar más en Canarias.