El juez Alba preside el juicio contra el autor confeso del mayor incendio en la historia de Canarias
El juez Salvador Alba, investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por los presuntos delitos de prevaricación, coacciones, cohecho, falsedad, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, presidirá esta semana en la Audiencia Provincial de Las Palmas el juicio, con tribunal popular, por el incendio más devastador de cuantos ha sufrido Canarias. En el banquillo se sentará Juan Antonio Navarro, autor confeso del incendio que afectó a 19.291 hectáreas en nueve municipios de Gran Canaria, de las cuales 18.773 correspondieron a superficie forestal. El hecho de que el acusado, que era vigilante forestal en el momento de los hechos, admita los cargos hace que el motivo del juicio sean exclusivamente las indemnizaciones a pagar a los afectados por las llamas, donde solo dos particulares, el zoológico Palmitos Park y los herederos de una familia, no han aceptado la compensación ofrecida por los daños. Esos aspectos, sin embargo, no los decidirá el jurado popular sino el juez Alba cuando emita sentencia. Navarro acepta los ocho años y seis meses de prisión que pide la Fiscalía de Las Palmas.
A pesar de que desde el año 2015 los incendios forestales no son juzgados mediante la fórmula del jurado, al haber estado este sumario una década en instrucción se aplicará el anterior Código Penal. El retraso fue debido a que el incendio se produjo en la zona competente de los juzgados de Arucas, que no tienen medios suficientes para investigar un incendio que afectó a más de 400 viviendas y por el que fueron desalojadas 4.500 personas. De hecho, se creó una plataforma de afectados que ha denunciado, entre otras cosas, que en este tiempo no se hayan depurado responsabilidades.
Como recoge el escrito del Ministerio Fiscal, el agente forestal Juan Antonio Navarro, con el fin de que se le ampliara el contrato con la empresa pública Gesplan (dependiente del Gobierno de Canarias), decidió provocar un incendio en una zona declarada Reserva de la Biosfera desde 2005. Para ello, el 27 de julio de 2007 “sin cerciorarse siquiera de si los biólogos habían abandonado la Casa Forestal, de si había o no senderistas que frecuenten la zona y de si los otros vigilantes se habían ausentado, se dispuso a prender el fuego aceptando con ello cualquier resultado que su premeditada y voluntaria acción pudiera ocasionar no solo a la Reserva Natural de Inagua, sino a la población en general y a los biólogos que se hallaban desarrollando el Plan de Recuperación del Pinzón Azul”. Debido a las altas temperaturas, que superaban los 36 grados, la poca humedad (del 22%) y el fuerte viento (rachas de entre 40 y 70 kilómetros por hora), el fuego, iniciado con unos fósforos en una zona de pinocha, se expandió rápidamente y motivó que el foco inicial se transformara en otros focos secundarios. Una vez que el acusado provocó las llamas, se subió a su vehículo y se dirigió a su puesto de trabajo, donde realizó una llamada al CECOPIN para comunicar la existencia de un incendio forestal. En un primer momento indicó a la Guardia Civil que los posibles autores fueron “unos jóvenes toxicómanos que iban en bermudas”. Sin embargo, cuando fue citado como testigo por los agentes de la Benemérita para aportar más datos de los sospechosos, reconoció ser el autor del desastre, señaló cómo y dónde lo originó y entregó la caja de fósforos que empleó. El incendio solo pudo ser declarado formalmente extinguido el 1 de agosto, cinco días después de iniciarse.
“El incendio forestal supuso la mayor tragedia medioambiental producida en Canarias no sólo por afectar a una superficie de considerable importancia sino por alterar específicamente las condiciones de vida animal y vegetal, afectando a un Espacio Natural Protegido, y ocasionando un grave deterioro de los recursos afectados”, recoge el fiscal de Medio Ambiente, Javier Ródenas.
Según un informe de la Dirección General del Medio Natural del Gobierno de Canarias tras el incendio, el 87,2% del área afectada -13.389 hectáreas- era Lugar de Interés Comunitario (LIC), mientras que el 60,96% -9.358 hectáreas- se desarrolló en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Así mismo, en la zona se encontraban unos 200 ejemplares de Pinzón Azul de Gran Canaria, una especie en peligro de extinción y que en la última década se ha recuperado.
El juez Alba se salta una formalidad
En la vistilla celebrada la semana pasada en presencia de las seis partes -el acusado y su abogado, el fiscal, el Gobierno de Canarias y Palmitos Park como acusación, Gesplan como responsable civil subsidiario y el Cabildo de Gran Canaria como acusación y como responsable civil subsidiario-, el juez Salvador Alba se ha saltado una formalidad con el fin de agilizar los trámites. Y es que de las 36 personas que pueden conformar el jurado, siete se han excusado y, según la normativa, estas personas debieron estar presentes en la vistilla, pero no acudieron. Por tanto, ahora mismo hay 29 personas citadas para el jurado y en caso de que fallen diez el juicio este lunes no podría celebrarse.
Teniendo en cuenta que el culpable reconoce los hechos, lo más destacado del juicio, que tiene previsto desarrollarse en varias jornadas, tiene que ver con la parte de las reclamaciones. En la sentencia que emita, Alba tendrá que decidir si da la razón al zoológico Palmitos Park, quien reclama siete millones de euros porque las llamas arrasaron el 80% de sus instalaciones y afectaron al 10% de las especies animales y al 65% de las vegetales. Según el peritaje realizado por una tercería, se concluyó que los daños ascendían a unos 18,5 millones de euros, pero la compañía aseguradora solo ha pagado los 11,5 millones que recoge la póliza, por lo que los dueños del parque piden el resto al Cabildo de Gran Canaria y a Gesplan al no estar de acuerdo con las periciales.
