Cárcel y 200 millones de multa para los tripulantes de un carguero interceptado con cocaína en aguas cercanas a Canarias
La Audiencia Nacional ha impuesto 14 años de cárcel y el pago de 200 millones a tres tripulantes de una embarcación en la que se incautaron 3,9 toneladas de cocaína cuando se encontraban en aguas cercanas a Canarias, y nueve años y medio de prisión y multa de 155 millones a otras doce que estaban en el mismo barco.
El carguero con pabellón de Togo fue abordado cuando se situaba a 80 millas de Gran Canaria a las 7:50 horas del 18 de enero de 2023 y se procedió a la detención de los tripulantes y traslado del buque al puerto de Santa Cruz de Tenerife al que pesaban llegar al día siguiente, según la sentencia de la Audiencia Nacional.
Una vez que atracaron en el puerto tinerfeño se decretó la prisión provisional para los acusados y se identificaron 153 fardos en los que se hallaban repartidas las casi cuatro toneladas de cocaína con un 82% de pureza cuyo valor medio alcanzaba los 156 millones.
En la sentencia, la Audiencia Nacional considera probado que los procesados formaban parte de un conglomerado delictivo que en los últimos meses de 2022 diseñaron, prepararon y llevaron a cabo esta operación para transportar el cargamento desde Sudamérica a España para su distribución en este último país.
El 20 de diciembre partieron del puerto de Santos en el Estado brasileño de Sao Paulo y en la madrugada del día siguiente contactaron en alta mar con dos embarcaciones desde la que se trasladó parte de la sustancia estupefaciente finalmente aprehendida.
A continuación, entre el 6 y 8 de enero hicieron lo propio con otra nave desde la que subieron a bordo 62 fardos más, todos ellos repartidos en el camarote de uno de los detenidos y en lugares comunes.
Las sospechas sobre la embarcación surgieron por su movimientos erráticos, compatibles con los patrones habituales de este tipo de operaciones, por lo que desde la Agencia Nacional contra el Crimen británico se habían iniciado las investigaciones.
A partir de ese momento se puso en alerta a las autoridades españolas, se solicitó permiso a las togolesas para realizar el abordaje, visita e inspección que fue aceptado por lo que el 17 de enero una patrulla partió desde Las Palmas de Gran Canaria para interceptar la embarcación sospechosa.
Durante el juicio en la Audiencia Nacional todos se declararon inocentes excepto uno de ellos quien pidió que de forma subsidiaria a una posible condena se tuviera en cuenta que actuó llevado por un estado de necesidad.
Las defensas cuestionaron la capacidad de las autoridades españolas para hacer el abordaje en aguas internacionales y consideraron que la entrada en el buque supuso una violación del derecho de inviolabilidad de los domicilios, lo que fue rechazado por la Sala.
La imposición de mayores penas a tres de los acusados se justifica porque se les atribuye “una responsabilidad coordinadora y prevalencia especial en el desarrollo de los hechos enjuiciados en su condición de encargados de la red estructurada en el carguero”.
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