Los desahucios en Canarias caen un 6,1% en el primer trimestre de este año
El número de lanzamientos practicados en el primer trimestre en Canarias fue de 947, lo que supone una caída del 6,1% respecto a los registrados en el mismo periodo del año pasado y el cuarto descenso interanual consecutivo, según el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho público este miércoles.
La caída obedece al descenso de los lanzamientos consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria, que alcanzaron los 349 -el 36,8% del total-, lo que representa una bajada del 20,9% respecto al primer trimestre de 2016.
Los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras tanto, experimentaron una aumento del 3,7%, hasta los 566. Los 32 lanzamientos restantes obedecieron a otras causas.
El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.
Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el primer trimestre de 2017 fue de 317, un 10,1% más que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 248 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un incremento interanual del 25,8%.
El informe publicado por la Sección de Estadística revela también que el número de ejecuciones hipotecarias presentadas en el primer trimestre del año fue de 415, lo que supone una disminución del 25,5% en relación con el mismo periodo del año anterior.
Aumenta el número de concursos presentados
En Canarias, el número de concursos presentados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, contabilizando los presentados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, fue de 50, de los que 11 correspondieron a personas naturales no empresarios. El dato supone un incremento del 2% respecto al mismo trimestre de 2016.
En los Juzgados de lo Mercantil de Canarias se ha observado una caída del 2,5% en el número de concursos presentados, que han pasado de 40 a 39. En cuanto a los concursos presentados por personas físicas, el aumento interanual en las Islas es del 22%, al pasar de 9 en el primer trimestre de 2016 a 11 en el mismo periodo de este año.
Por otra parte, el número de concursos declarados en el primer trimestre en los Juzgados de lo Mercantil del Archipiélago fue de 20, un 41,2% menos que en el mismo periodo del año anterior.
Además, en el primer trimestre de 2017 llegaron a la fase de convenio un total de nueve concursos, mientras que iniciaron la fase de liquidación 20, un 47,4% menos que en el mismo trimestre de 2016.
Respecto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se ha presentado un expediente.
Más demandas por despidos y procedimientos monitorios
El primer trimestre de 2017 registró un incremento interanual en las demandas por despido. Las 1.859 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social de Canarias entre el 1 de enero y el 31 de marzo suponen un aumento interanual del 7,9%, el más importante desde el segundo trimestre de 2015.
También han aumentado las demandas de reclamaciones de cantidad. Las 1.980 presentadas en el primer trimestre del año representan un 16,2% más que las presentadas en el mismo periodo de 2016.
Los procedimientos monitorios presentados en el primer trimestre del año en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 7.224, lo que supone un incremento 4,2% respecto al mismo periodo de 2016.
Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.