Un juez pone en busca y captura al presidente de la UD Las Palmas a petición de la Fiscalía por no acudir a una citación judicial
El titular del Juzgado de Instrucción 6 de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Galván, ha aceptado la petición de la fiscal de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Evangelina Ríos, y ha dictado orden de busca y captura contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por no haber comparecido el jueves pasado a declarar en una primera citación por unas diligencias previas abiertas por un presunto delito contra la Seguridad Social.
La fiscal interpuso una querella contra el empresario por presunto fraude durante los años 2012 a 2013, que se investigan desde 2014 en el juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, según la versión de los abogados del empresario. Se trataría, por lo tanto, de una querella sobre hechos que ya están bajo investigación y que, teóricamente, no podrían repetirse en otra sede judicial.
Siempre según esta versión, el juez Luis Galván dictó la orden de busca y captura a petición de la fiscal Evangelina Ríos al no comparecer Miguel Ángel Ramírez a una citación prevista para el pasado jueves, pese a que días antes la representación letrada del empresario se personó en el juzgado para mostrar documentación que demostraría que el empresario se encuentra en Miami (Estados Unidos) desde hace aproximadamente un mes por motivos de trabajo. Su regreso está previsto para esta misma semana, dijeron esas fuentes.
Al día siguiente, el viernes pasado, cuatro coches de la Policía Nacional se personaron en el domicilio particular de Miguel Ángel Ramírez, donde se informó a los agentes del operativo que la persona buscada se encontraba de viaje fuera de España, como se trasladó a continuación al juzgado desde la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
La defensa de Miguel Ángel Ramírez ha alegado ante el instructor que la citación al empresario se produjo de manera irregular, mediante un procurador, y no a él personalmente, como prevé la ley, lo que invalidaría a su juicio cualquier consideración de prófugo. Los abogados han recurrido la decisión del magistrado por considerarla contraria al ordenamiento jurídico y han insistido ante él en que su cliente no quiere eludir la acción de la justicia y que se presentará ante el juez en cuanto pise suelo español. Sin embargo, tanto el juez como la fiscal se han mantenido en sus tesis de que Ramírez debe ser detenido para que comparezca ante el juzgado a responder por esa querella.
Ninguno de los recursos y escritos interpuestos ante el juez Galván por la defensa del empresario ha prosperado, a pesar de que en alguno de ellos se hacen referencias expresas a la ilegalidad de la orden de busca y captura por vulneración de derechos fundamentales y se dejan entrever posibles acciones penales contra al magistrado.
La fiscal Evangelina Ríos, responsable de Delitos Económicos en la Fiscalía Provincial de Las Palmas y peticionaria de esta orden de detención, conoce a la perfección las diligencias que se siguen contra Miguel Ángel Ramírez en Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, el juzgado del que es titular la magistrada Victoria Rosell, en cuya ausencia tanto esa fiscal como el juez Salvador Alba interrogaron al empresario por asuntos ajenos a los delitos que se le imputaban, lo que finalmente ha dado lugar a que Alba esté a punto de sentarse en el banquillo de los acusados para responder a peticiones de cárcel que van de los 10 a los 13 años.
Evangelina Ríos es la fiscal que investigó ilegalmente a la magistrada Victoria Rosell cuando abandonó la política para formar parte de la lista de Podemos al Congreso de los Diputados en diciembre de 2015. El Tribunal Supremo falló en su momento que la Fiscalía de Las Palmas vulneró derechos fundamentales de la exdiputada cuando la investigó sin las mínimas garantías. Ríos, además, facilitó informes falsos al magistrado Salvador Alba para que este los enviara al Supremo para avalar la querella que José Manuel Soria interpuso contra Victoria Rosell, querella que fue archivada por la inexistencia de delito.
Esta fiscal ha recusado a Rosell para que no pueda instruir la causa por fraude fiscal y contra la Seguridad Social que se sigue en su juzgado contra Miguel Ángel Ramírez. La Audiencia Provincial aún no se ha pronunciado.
La nueva querella de Ríos se interpone por presuntos delitos contra la Hacienda Pública cometidos en la empresa Seguridad Integral Canaria, de la que hace años que no es administrador Miguel Ángel Ramírez. De ahí que figure como querellado en calidad de “administrador de hecho”. Seguridad Integral Canaria se encuentra en estos momentos en concurso voluntario de acreedores después de que el Tribunal Supremo resolviera que debía aplicar a sus trabajadores el convenio nacional del sector de seguridad en lugar del particular que pactó con su comité de empresa.
