La Fiscalía del TSJC se querella contra los dos últimos presidentes de Fuerteventura por la gestión pública del agua
La gestión pública del agua en Fuerteventura ha acabado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), aunque allí tendrá un recorrido corto porque deberá ser remitida a los juzgados ordinarios de la isla majorera, en cuanto entre en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía y los diputados regionales pierdan su condición de aforados.
La Fiscalía del TSJC ha presentado una querella contra el expresidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, actualmente secretario primero de la Mesa de la Cámara regional y diputado por Coalición Canaria (CC), y contra su sucesor en el Cabildo, Marcial Morales, también de CC, por contrataciones irregulares al frente del Consorcio de Abastecimiento de Agua de Fuerteventura (CAAF).
El Ministerio Público ve indicios para investigar a Cabrera y Morales por falsedad en documento público y prevaricación continuada, al levantar sistemáticamente los reparos a esas contrataciones formulados por el interventor del Cabildo. En el caso de Mario Cabrera, cubriría su etapa como presidente del Cabildo (2007-2015) desde 2008 y en el de Marcial Morales, desde 2015 hasta al menos 2017.
Las contrataciones objeto de reparos por parte de la Intervención se centran en las contrataciones de suministro de agua para consumo humano y su vertido en los depósitos del Consorcio, cuyo principal beneficiario durante este tiempo habría sido el propietario de pozos de agua y empresario del sector Fermín Pérez Armas.
Así consta en la denuncia presentada por el representante del comité de empresa del CAAF, Carmelo Hernández Hernández, y a la que ha tenido acceso este diario. A raíz de esa denuncia, presentada directamente al TSJC en su sección de Tenerife por la condición de aforado de Mario Cabrera, el fiscal Ernesto Viera considera que puede haberse incurrido en al menos dos presuntos delitos.
Marcial Morales ha defendido su gestión y la de su antecesor declarando a este periódico que los problemas en el Consorcio comenzaron al estallar la crisis económica en 2008 y quedar el organismo descapitalizado de personal sin poder reponer a los que por un motivo u otro lo abandonaron. Los trabajadores que quedaron al frente “hicieron lo que pudieron” pero no tuvieron capacidad suficiente para formalizar los expedientes necesarios para convocar concursos por los servicios denunciados como irregulares.
Morales ha recalcado que, a partir de que pudieron resolverse los problemas de carencia de personal, todos los contratos del consorcio responden a las exigencias legales.
El representante del Ministerio Público que ha investigado preliminarmente el caso, Ernesto Vieira, no ha querido dar detalle alguno de la misma, pero según ha podido saber este periódico, las cantidades oscilan entre 43.000 y 100.000 euros, según las facturas obrantes por la compra de agua por parte del Consorcio de Abastecimiento en todo el periodo.
Además, la causa ha abierto también otras vías de investigación relacionadas con la adquisición de maquinaria diversa, como retroexcavadoras, cuyo montante ronda los 100.000 euros, así como la contratación de transporte de agua en cubas, cuyo valor estimado sería de 50.000 euros, según las primeras pesquisas abiertas.
Como sucede en paralelo con la investigación al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, por el denominado caso Grúas, de seguir adelante la misma en este caso debería remitirse al Decanato de los Juzgados de Fuerteventura, para su posterior reparto, en cuanto Mario Cabrera pierda su condición de aforado con la publicación en el BOE del nuevo Estatuto de Autonomía canario.
Las pesquisas en torno a la gestión pública del agua en Fuerteventura no se centran en exclusiva en esta denuncia del representante sindical, sino que provienen también de informes de fiscalización realizados en su momento por el Tribunal de Cuentas, que detectó irregularidades remitidas a la Fiscalía y que han seguido su curso en los juzgados majoreros, algunas ya archivadas y otras aún pendientes.
