Juan Luis Lorenzo Bragado toma posesión de la presidencia del TSJC este martes, en medio de la polémica por las restricciones

El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, ha señalado en su discurso tras la toma de posesión de su cargo que quienes creen en el estado de derecho deben cumplir la Constitución “sin reservas mentales”.

Bragado, que ha jurado su cargo en un acto solemne en Las Palmas de Gran Canaria, ha contado con la presencia del presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y ha agradecido la confianza que se ha puesto en él, así como todas las muestras de apoyo recibidas tras su nombramiento.

Asimismo, ha matizado que tras “jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución”, que ha puntualizado es “ejemplar”, los valores que encarna, y que “incumbe a todos, deben llevar a ”cumplirla y hacer que se cumpla, con pleno convencimiento, sin reservas mentales“.

“Ese debe ser nuestro compromiso, el compromiso de todos los que creemos en el Estado de derecho, la democracia, la libertad, el pluralismo y el respeto de los derechos fundamentales, y, entre ellos, de manera señalada, en lo que nos concierne directamente, la tutela judicial efectiva”, ha apostillado.

Esto último, matiza, le corresponde al Poder Judicial, entendiendo que es a lo que deben orientarse todas las actuaciones de sus órganos de gobierno “garantizando la independencia” de la carrera judicial y procurando que quienes la integran cuenten con los medios necesarios para realizar “de manera satisfactoria su trascendental” labor constitucional.

“Lograr una buena gestión”

Por otro lado, en el marco de la comunidad autónoma, expuso que las principales competencias corresponden a las salas de gobierno, siempre bajo la dependencia del CGPJ, apuntando que en este sentido la Ley Orgánica del Poder Judicial le atribuye a los presidentes de los tribunales superiores de justicia un poder “discreto”, puntualizando que se trata así de un “modelo de gobierno no presidencialista”.

Sin embargo, donde consideró que la labor de dirección y organización del presidente “es fundamental” para la “buena marcha” de la justicia, indicando que el primero de los objetivos de la Presidencia debe centrarse en “lograr una buena gestión de la sala de gobierno en las competencias que le son propias”.

Asimismo, dijo que en la gestión de los medios materiales y personales, que depende de la comunidad y el Ministerio de Justicia, debe identificar los problemas y proponer las soluciones “más adecuadas”.

Por otro lado, Bragado también ha considerado necesario “obtener el pulso de la realidad” a través del contacto frecuente con jueces y magistrados, además de tener en cuenta la opinión de fiscales, letrados, funcionarios, forenses, abogados, procuradores, graduados sociales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cuanto asumen las tareas de policía judicial y a los ciudadanos como destinatarios de la actividad.

En este sentido, ha asegurado que uno de sus “empeños fundamentales como decano” en Santa Cruz de Tenerife ha sido “siempre escuchar a los justiciables y controlar directamente” las quejas, ya que ha apuntado que “este es el verdadero termómetro que permite conocer la realidad de los juzgados”.

La justicia en Canarias es “mejorable”

Por otro lado, el recién estrenado presidente del TSJC ha considerado que la situación de la justicia en Canarias “es mejorable”, ya que cuenta con la tasa de litigiosidad más alta de España en los últimos cinco años.

Según los datos de 2020, Canarias tenía 154 asuntos por cada 1.000 habitantes, lo que hace que se encuentre “muy por encima” de la media nacional que está en 116. Para Bragado esta cifra se justifica “en parte” en la “elevada” población de hecho, si bien ha manifestado “una preocupante tendencia” en la sociedad hacia la judicialización de los conflictos.

Además ha expuesto que la evolución de otros indicadores “tampoco arroja buenos resultados” en el último año, ya que si bien la tasa de resolución ha disminuido un 3,9 por ciento, la congestión ha crecido casi un 9 por ciento y la dependencia sube un 32,7 por ciento, lo que afecta especialmente a la jurisdicción social, que crece un 45 por ciento.

“Este empeoramiento se debe, sin duda, a la pandemia, que mantuvo paralizada la actividad judicial durante un trimestre y que aún deja sentir sus efectos”, dijo.

Ante estos datos, ha señalado que los retos fundamentales que debe afrontar la justicia en Canarias se centran en atender las jurisdicciones más afectadas por la pandemia, tales como son los juzgados de lo social y mercantiles; prestar especial atención a los partidos “más colapsados” como son Granadilla de Abona (Tenerife), Puerto del Rosario (Fuerteventura), Arona (Tenerife) y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), en este último caso abordando la problemática derivada de la inmigración irregular.

Asimismo, expone como otro reto la necesidad de impulsar la solución de los problemas de infraestructuras, que ha indicado son “acuciantes” en el caso de Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario; contribuir a la implantación del expediente judicial electrónico y la consiguiente eliminación del papel; así como abordar los nuevos modelos organizativos: nueva oficina judicial y tribunales de instancia, si, finalmente, se aprueban estas reformas.

En cuanto a los problemas coyunturales, tales como pueden ser los derivados de la pandemia o los que afectan a ciertos órganos, ha indicado que deben afrontarse a través de planes específicos de actuación, proponiendo medidas de apoyo y de refuerzo, ya que ha matizado que “no” se pueden resignar a que ciertos órganos o partidos acumulen sistemáticamente retrasos porque ha defendido que “no puede haber una justicia de primera y una justicia de segunda, o incluso de tercera”.

Así, agregó que los problemas estructurales resultan de “más difícil solución”, principalmente, en la concurrencia de múltiples competencias en materia de justicia, apuntando que la solución “más simplista es reclamar un incremento” del gasto público, así como que en el marco de las políticas de cualquier gobierno se considere a la justicia “esencial y prioritaria”.

Sin embargo, ha admitido que la experiencia demuestra que “no necesariamente cada euro gastado de más se traduce en una mejora significativa”, ya que Canarias “es una de las comunidades que más invierte” en justicia, recordando que en el presupuesto de 2021 se destinan más de 168 millones de euros, unos 75 euros por habitante y año, reconociendo así el “esfuerzo inversor” pero que no se traduce en “unos indicadores sobresalientes”.

Por ello, dijo, es necesario buscar otras soluciones como, por ejemplo, para la tasa de litigiosidad donde entiende que “mejor que crear más juzgados, será tener menos pleitos”, lo que puntualizó pasa por impulsar medios alternativos de solución de conflictos, tales como conciliación, mediación, arbitraje.

En este sentido, abogó por concienciar, educar, cambiar mentalidades, matizando que “sin cuestionar el derecho que todo ciudadano tiene de acudir a los tribunales, hacer ver que esta debe ser la última ratio, el último recurso”.

Bragado también apuntó a la necesidad de que se creen más servicios comunes, tales como los de notificaciones y embargos, e impulsar otras iniciativas, ya contempladas por Sala de Gobierno, como la separación de jurisdicciones en todos los partidos en que resulte viable, o la comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer, o la creación de juzgados especializados como el de la protección de la infancia en Las Palmas de Gran Canaria.

Asimismo, en el marco tecnológico ha abogado por impulsar, a corto plazo, el expediente digital, “sin papel, pero siempre que sea un verdadero instrumento para una mejor” administración de justicia.