La Justicia obliga al Servicio Canario de Salud a pagar 30.000 euros por tardar en diagnosticar un cáncer siete meses
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al Servicio Canario de la Salud a pagar una indemnización de 30.155 euros por haber tardado siete meses en diagnosticar un tumor a una paciente que presentaba dolor de laringe.
La sentencia estima la demanda interpuesta contra la sanidad pública canaria por los hijos de la paciente, que se quejaban de que su madre había padecido un sufrimiento innecesario en sus últimos meses de vida, en los que apenas pudo comer nada y estaba sometida al peligro de “morir asfixiada en cualquier momento”.
La juez considera que sí se produjo un “diagnóstico tardío” de la enfermedad que padecía la paciente, que en octubre de 2007 y enero de 2008 había ido al médico porque le dolía la faringe, pero las dos veces atribuyeron su problema al duelo por la muerte de su marido.
La sentencia reconoce que ya desde octubre de 2007 le solicitaron un TAC, pero resalta que esa prueba no se hizo hasta marzo de 2008 y que sus resultados no se comunicaron a la paciente hasta que esta ingresó en un hospital un mes más tarde, en abril.
En mayo, la mujer falleció por la neoplasia esofágica que padecía, explica la resolución judicial.
“Resulta acreditada la existencia de un diagnóstico tardío, pues no es hasta que se produce el ingreso en el centro hospitalario cuando se informa a la paciente de la existencia de un proceso cancerígeno, pero a las múltiples visitas al centro de salud y los signos físicos visibles de deterioro”, concluye la magistrada.
Por ello, la juez declara al SCS responsable patrimonial de los daños que sufrió esa paciente por haberle diagnosticado tarde su tumor y acepta la cantidad exigida por su familia, por considerarla adecuada y porque “ni siquiera ha sido cuestionada”.
Contra esta sentencia, dictada el 25 de septiembre y dada a conocer este viernes por la asociación El Defensor del Paciente, la sanidad canaria puede interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma.
