NC pide que Justicia rectifique la concentración de los casos de violencia machista de Guía, Arucas y Telde en un único juzgado

Nueva Canarias (NC) ha anunciado este jueves que presentará una proposición no de ley al Parlamento regional para que el Gobierno canario pida al Ministerio de Justicia que rectifique en su decisión de concentrar en un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria los casos de violencia machista que hasta ahora se instruían en Guía, Arucas y Telde.

La vicepresidenta de NC, Carmen Hernández, junto a cargos de su partido y representantes de las oficinas municipales de Información y Asesoramiento de Violencia Machista, ha informado de esta iniciativa, así como del registro de mociones en los ayuntamientos de la isla para “dejar sin efecto” esa decisión por el “grave daño” que ocasiona a las víctima, de modo que vuelvan a tener competencia en esas materias los juzgados de Guía, Arucas y Telde.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias explicó este lunes que la unificación de los casos hace que la atención de estos asuntos corresponda siempre a órganos especializados, bien los tres juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, o bien el Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 1 de San Bartolomé de Tirajana. 

Según indicó el TSJC, el objetivo de esta medida es alcanzar el correcto equilibrio entre el mantenimiento de una proximidad razonable del juzgado respecto de la víctima y la respuesta especializada que exige el tratamiento de este tipo de materias, dando cumplimiento al mandato de la LO 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y al Pacto de Estado en materia de Violencia de Género entre el Congreso Senado, cuya medida 123 se refería al mantenimiento de las agrupaciones de juzgados de violencia sobre la mujer, en el caso de significar una mejora cualitativa de la atención y en los medios con los que se cuenta.  

Sin embargo, Hernández ha destacado este jueves que el Juzgado número 3 de Violencia de Género de Las Palmas de Gran Canaria, que ya ha asumido los casos de Guía, Telde y Arucas desde el pasado lunes, se ha adoptado sin tener en cuenta al colectivo feminista, que lleva décadas trabajando contra esta lacra social, y entiende que obedece a una decisión “conservadora y economicista”.

“Han pesado más los criterios de ahorro que los derechos de las mujeres”, ha subrayado la dirigente de NC, que ha afirmado que esta decisión del Ministerio “incumple de manera rotunda” la normativa que regula la planta judicial, ya que no se ha tenido en cuenta que Canarias es un territorio fragmentado y se rompe el equilibrio que se debe garantizar entre una proximidad razonable de los ciudadanos y los juzgados.

Hernández ha hecho hincapié además en que al concentrar los casos en un solo juzgado se dilatarán los procedimientos y “el tiempo juega en contra” de las mujeres.

La psicóloga que trabaja en la oficina de Información y Asesoramiento de Víctimas de Violencia de La Aldea de San Nicolás Isabel Guerra ha indicado que tanto su servicio como el existen en Guía, Gáldar y Arucas, entre otros, han expresado su rechazo al nuevo juzgado producto de una “ley salomónica”, ya que “lejos de mejorar, empeora” la situación de las mujeres e hijos que la sufren, sobre todo en municipios alejados de la capital como el suyo.

En la proposición no de ley que presentará NC se reclama también al Gobierno de Canarias y al Ministerio de Justicia que redoblen los esfuerzos para combatir la violencia machista, que ya se ha convertido en una “pandemia”.

Y demandan además que se dote de personal especializado a los juzgados y que se autorice la extensión a otros partidos judiciales el Juzgado de Violencia sobre la Infancia y Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, que funciona de manera experimental pero con resultados que han sido un éxito.

En la propuesta se pide al Gobierno de Canarias que recupere los fondos destinados a Igualdad, que en los presupuestos de este año han sufrido un recorte de un 6% respecto a 2023, para reforzar los programas de prevención de violencia machista y de concienciación, especialmente en el ámbito escolar.

Hernández ha afirmado que NC ha acordado estas iniciativas para reclamar que se reconsidere la decisión porque “tiene la obligación moral y política de denunciarlo e intentar” resolver la situación creada cuando, sobre todo, “no hay argumentos que justifiquen la recentralización, sino al contrario”.