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Así se robaba en el Ayuntamiento de Arrecife (según la Fiscalía)

Anticorrupción pide 17 años a Dimas Martín por la trama de sobornos de Arrecife

Entre mayo de 2007, cuando entra a gobernar el pacto PSOE-PIL en el Ayuntamiento de Arrecife, y mayo de 2009, cuando entra la UCO en el mismo Ayuntamiento, en la casa Consistorial se delinquía prácticamente todos los días. El fiscal Javier Ródenas señala en su escrito de acusación de la pieza principal de Unión que había “una directriz básica y estratégica” por parte de Dimas Martín, el “verdadero jefe” del PIL: la obtención de dinero para la estructura financiera del partido y para los componentes de una asociación ilícita que formaban él mismo, Matías Curbelo, José Miguel Rodríguez y Ubaldo Becerra, y en la que participaban otros cargos como Antonio Machín, y varios funcionarios, pero principalmente, Elena Martín, hija de Dimas, y el interventor Carlos Sáenz.

La Fiscalía pide otros 17 años de cárcel para Dimas Martín y Ubaldo Becerra por el caso Unión

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Ahora se describirá el funcionamiento de la trama, pero primero habrá que describir la disposición. Dimas era el jefe, de eso hay pocas dudas, y los jefes dicen lo que hay que hacer y toman las decisiones. Matías era su mano derecha y transmitía las órdenes, las ejecutaba, recaudaba el dinero y llevaba una contabilidad B del partido. Los demás, que eran “nuevos en política y sin más mérito que la obediencia debida al jefe”, obedecían. Según el fiscal, Dimas (que estaba en la cárcel, aunque en un periodo disfrutó del tercer grado y sólo iba a Tahíche a dormir) cobraba una cantidad fija mensual en metálico que le pagaban Matías Curbelo y José Miguel Rodríguez.

¿En qué consistía el robo? En extraer dinero del Ayuntamiento para su beneficio privado. ¿Cómo se hacía? Pues, en líneas generales, concediendo obras o servicios a empresarios afines que después pagaban la correspondiente comisión (entre el 8 y el 10%). ¿Pero entonces? Se podría pensar que el Ayuntamiento no era el perjudicado porque los empresarios pagaban con su beneficio. Sí y no. Lo que revela la instrucción es que, ante el descontrol en los expedientes, es imposible saber si las obras se hicieron o si se ajustaban al precio de mercado. De hecho, en varias ocasiones se pagó una obra, tres, cuatro y hasta cinco veces. Se pagaban facturas iguales por conceptos iguales. En definitiva: un saqueo de dinero público, sin más aderezo.

Puede leer el artículo íntegro en Diario de Lanzarote.

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