El Supremo exige al Estado y a Canarias un informe quincenal sobre los menores refugiados

El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno central y al canario un informe quincenal sobre los menores refugiados. El Estado y la comunidad autónoma tendrán que informar cada dos semanas sobre los avances alcanzados para dar cumplimiento al requerimiento del Alto Tribunal, que ordenó la inclusión en el sistema nacional de protección de 1.294 jóvenes solicitantes de asilo acogidos hasta ahora en Canarias.

La providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo llega después de que España y Canarias hayan llegado a un acuerdo sobre la acogida de los menores refugiados. El pasado 25 de junio, el Ministerio de Migraciones se comprometió a dar de alta ''de manera inminente'' en el Sistema de Atención Humanitaria y Protección Internacional a los primeros 827 menores, la cifra de jóvenes que ya tienen formalizadas sus demandas de asilo.

Canarias y el Estado han priorizado los perfiles de quienes están cerca de cumplir los 18 años. De esta forma, se pretende evitar que, al alcanzar la mayoría de edad, continúen con su proyecto migratorio ''en mayores condiciones de vulnerabilidad''.

El Gobierno de España y el canario también han pactado un sistema de reuniones periódicas, con el objetivo de estudiar de forma individualizada la situación de cada uno de los niños y decidir el lugar de acogida que se ajuste a su interés superior.

Este martes se celebró el primero de estos encuentros. En este comité interadministrativo, el Gobierno de España ha puesto a disposición de la comunidad autónoma 250 plazas temporales en el campamento Canarias 50, en Gran Canaria. También ha ofrecido 400 plazas en la Península, en concreto en el centro de acogida de Pozuelo de Alarcón creado tras el inicio de la invasión rusa para albergar a refugiados ucranianos.

Migraciones aún no ha concretado cuándo estarán disponibles dichos espacios para proceder a los traslados. En esta línea, Canarias ha pedido al Estado mayor celeridad en los traslados a la Península para garantizar el fin del ''hacinamiento'' en el que los menores sin familia conviven en los recursos de las islas.