El TSJC impulsará los actos judiciales telemáticos durante la visita del Papa a Canarias
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha aprobado un protocolo organizativo específico con motivo de la visita del papa León XIV a las islas de Gran Canaria y Tenerife los próximos 11 y 12 de junio. El instrumento busca “garantizar el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia en un contexto marcado por la prealerta declarada por el Gobierno de Canarias ante la previsión de un evento multitudinario”.
El acuerdo se adopta tras la comunicación remitida por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, que declara la situación de prealerta asociada a esta visita en el marco del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca), ante las previsibles restricciones de movilidad, seguridad y acceso que pueden afectar al normal desarrollo de la actividad judicial.
Con este fin, la Sala de Gobierno ha acordado la creación de una comisión de seguimiento encargada de coordinar institucionalmente el protocolo y de mantener la relación con las autoridades competentes en materia de protección civil, seguridad y emergencias. Este órgano estará integrado por el presidente del TSJC, que la presidirá, las presidencias de las dos audiencias provinciales y el secretario de gobierno.
La comisión queda facultada para proponer, en función de la evolución de las circunstancias, las medidas organizativas generales que resulten necesarias para minimizar la afectación sobre los órganos judiciales, entre ellas la reordenación de señalamientos, ajustes de horarios o turnos, la reducción de desplazamientos, la limitación de actividad presencial y el impulso de las actuaciones telemáticas.
El acuerdo también prevé reforzar la coordinación interna con las presidencias de los tribunales de instancia y los letrados de la Administración de Justicia, así como la coordinación externa con la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, además de asegurar la información puntual a los operadores jurídicos sobre las decisiones que se vayan adoptando.
Partidos específicos
La Sala de Gobierno establece además medidas específicas para los partidos judiciales previsiblemente más afectados por la concentración de personas y por las limitaciones de tráfico y seguridad: San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna.
En estos órganos podrá reducirse la asistencia presencial, reordenarse las vistas no urgentes señaladas para los días 11 y 12 de junio y priorizarse la práctica de actuaciones urgentes antes de esas fechas, además de valorarse las incidencias procesales que puedan producirse y, en su caso, aconsejarse la aplicación excepcional del artículo 134 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en supuestos de fuerza mayor.
El protocolo contempla igualmente la posibilidad de reforzar el servicio de guardia cuando las circunstancias lo hagan aconsejable y dispone medidas concretas para las salas del propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde podrán reordenarse vistas y deliberaciones previstas para esos días, dando prioridad a las actuaciones de carácter urgente.
En todo caso, el acuerdo deja expresamente garantizada la prestación de la actividad judicial imprescindible. Así, deberán mantenerse en todo momento servicios esenciales como el servicio de guardia, la presentación de detenidos, las decisiones urgentes de instrucción, la tutela de derechos fundamentales, los asuntos que afecten a personas vulnerables, las medidas cautelarísimas, la protección de menores y víctimas de violencia de género y cualquier otra actuación judicial inaplazable.
La vigencia de este protocolo se extenderá desde la activación del Plateca en fase de prealerta o alerta y permanecerá en vigor hasta la finalización de dichas situaciones. El acuerdo será puesto en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, así como de los presidentes de sala del TSJC, de las audiencias provinciales y de los tribunales de instancia afectados.
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