La alcaldesa dice que es “ilegal” que el Ayuntamiento compre las viviendas de Hermanos Calderón y las adjudique a los afectados
La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha señalado que el Ayuntamiento no se puede “permitir económicamente” comprar las viviendas de Hermanos Calderón y, además, es “ilegal” que las adjudique “exactamente” a los afectados.
Así lo ha manifestado la regidora este lunes a preguntas de la prensa sobre la petición de la Plataforma de Afectados por las Viviendas de Hermanos Calderón, que ha lanzado la campaña 'Hay una carta para ti', abierta a personas de toda España, para pedir a Igual que actúe ante la situación de cerca de un centenar de familias que puede perder sus hogares en los próximos meses, comprando los pisos el Ayuntamiento.
La Plataforma ha indicado que estas viviendas fueron promovidas como alquiler asequible por InamoCaixa, pero “La Caixa” las vendió a Mosaic Propco, un “fondo buitre” que pretende ponerlas a la venta a precios de mercado.
Así, ha solicitado al Consistorio que estudie las fórmulas jurídicas y económicas disponibles y adopte las medidas necesarias para adquirir estas viviendas para que sigan siendo asequibles y las familias puedan permanecer en ellas.
Sin embargo, la alcaldesa ha manifestado que, como ya trasladó a los afectados en una reunión celebrada antes del verano, en la que la realizaron esta petición “de manera personal”, “el Ayuntamiento en ese momento no se podía permitir comprar esas viviendas, económicamente hablando” y, además, dicha fórmula no la podían aplicar porque “no se atiene a la legalidad”.
Igual les dijo entonces que, aunque entiende su reivindicación, desde el Consistorio tenían que conocer “los derechos y las obligaciones de cada una de las partes”.
Así, ha explicado que cuando el Ayuntamiento dispone de viviendas, bien porque las tiene, forman parte del patrimonio o porque las construye, “siempre hay un registro de demandantes y un sorteo”.
“Un ayuntamiento debe de dar igualdad de oportunidades a todo el mundo, con unos criterios, pero igualdad de oportunidades a todo el mundo”, ha subrayado.
Igual ha apuntado que ambas partes quedaron “pendientes de seguir hablando” después del verano, por lo que “sigue la vía abierta de comunicación con ellos”.
“Estaremos al lado de los vecinos, estaremos ayudándoles a defender sus derechos, pero también sin pisar los derechos de las otras partes”, ha sentenciado la regidora.
“Sí existes vías legales”, según los vecinos
En respuesta a las regidora, la Plataforma de Afectados por las Viviendas de Hermanos Calderón ha asegurado que existen “vías legales” para adquirir las viviendas y garantizar la continuidad de sus actuales residentes.
El colectivo ha asegurado que el propio reglamento de adjudicación de las promociones de vivienda asequible de la Obra Social de 'La Caixa' “contemplaba expresamente posibles derechos de opción y retracto de las administraciones públicas”.
La Plataforma de Afectados ha vuelto a poner el ejemplo del Ayuntamiento de Málaga, también gobernado por el PP, el cuál “ejercitó el derecho de tanteo sobre otra promoción de InmoCaixa, adquiriendo 78 viviendas e incorporándolas a su parque público municipal”. Según sostiene, de haberse articulado en Santander una actuación “semejante” cuando se produjo la transmisión de las viviendas, “habría permitido estudiar su adquisición a un coste considerablemente inferior al actual y preservar su finalidad social”.
En la misma línea, indica que “los propios estatutos de la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander contemplan expresamente entre sus facultades la adquisición de bienes inmuebles”.
Además, añade que la Consejería de Vivienda del Gobierno de Cantabria “también dispone de instrumentos para participar o colaborar en una operación de estas características”, por lo que solicita a ambas administraciones que exploren conjuntamente las fórmulas de financiación y adquisición que permitan superar las posibles “limitaciones” presupuestarias.
En cualquier caso, subraya que “no estaríamos hablando de un gasto sin retorno patrimonial, sino de una inversión que incorporaría cerca de un centenar de viviendas al parque público, al tiempo que permitiría ofrecer una solución habitacional a cerca de un centenar de familias”.
Respecto a garantizar la continuidad de los actuales residentes, traslada que, en caso de adquisición, “el nuevo propietario se subrogaría en los contratos de arrendamiento vigentes conforme a la legislación aplicable y, conforme estos fueran venciendo, podrían articularse los mecanismos legales de renovación o continuidad residencial, respetando los requisitos y procedimientos correspondientes”. En este sentido, ha destacado que “estas familias accedieron en su momento a las viviendas mediante un procedimiento reglado, acreditando los requisitos económicos y sociales exigidos para una promoción de alquiler asequible”.
Nueva reunión con la alcaldesa
“No estamos solicitando una adjudicación arbitraria ni un privilegio, sino preservar la finalidad social de unas viviendas que nunca debieron perderla”, ha manifestado. Por todo ello, la Plataforma solicita una reunión con la alcaldesa de Santander y apela a la Consejería de Vivienda para que ambas administraciones abran una vía de colaboración y estudien de manera efectiva las distintas fórmulas de adquisición y continuidad residencial. “Nuestra voluntad es encontrar una solución conjunta que permita a estas familias permanecer en sus hogares”, ha sentenciado.