Trabajar como profesor universitario e investigador para la Universidad de Cantabria puede suponer un sueldo bruto mensual de 1.800 euros, por debajo de lo que cobra un profesor de Secundaria, si no se tiene un contrato fijo. Tampoco cobra complementos como quinquenios y sexenios y si estudia con una beca puede ver cómo la Seguridad Social que ha de pagar la UC por él corre de su cuenta.
Este es el caso de Javier Jiménez, matemático y profesor docente-investigador sin contrato indefinido de la Facultad de Ciencias, cuya situación es similar a la de la treintena de docentes que en la mañana de este jueves se han concentrado a la puerta del Gobierno de Cantabria mientras se celebrababa en su interior la reunión semanal del Consejo de Gobierno.
Precariedad, sueldos bajos, impago de complementos y becas que se cobran parcialmente son algunas de las características de estos docentes e investigadores universitarios que no tienen contrato indefinido. Por no tener tampoco cobran, aunque tengan reconocidos judicialmente, los quinquenios y sexenios correspondientes a años de trabajo sin contrato fijo en la Universidad de Cantabria.
Desde primera hora de la mañana los concentrados han mostrado pancartas con eslóganes como 'Basta de bloqueos. Quinquenios, sexenios y estabilización ya' y han coreado consignas dirigidas al vicepresidente y consejero de Universidades: “Pablo Zuloaga, paga, paga, paga”.
Mientras CCOO protestaba por la “falta de noticias” para el cobro de los sexenios de la plantilla, Zuloaga ha señalado que Cantabria se convierte en una comunidad “pionera” en el cumplimiento de las mejoras en las condiciones laborales y en el pago de sexenios y quinquenios al personal de la UC. A preguntas de la prensa por la fecha en la que se pagarán esos complementos, el consejero no ha precisado si podrán cobrarse antes de que termine la actual legislatura, solo que “será en 2023”, pues para ello faltan aún diversos trámites, como desarrollar el decreto y que pase por la Consejería de Presidencia y por el Consejo de Estado. En este sentido, ha remarcado que para poder pagar esos quinquenios y sexenios lo primero era aprobar el contrato programa, como se ha hecho en la mañana de este jueves, 16 de marzo.
Concepción Sánchez, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, ha reclamado este jueves, en nombre de los manifestantes, que el Gobierno de Cantabria modifique el decreto por el cual estos profesores temporales puedan cobrar complementos de antigüedad y hacerlo desde 2022, en que se ganaron en los tribunales este derecho. La Consejería de Universidad, en este sentido, no ha modificado el decreto, aunque haya dotación presupuestaria y no niegue que lo vaya a hacer, pero rechaza el pago del ejercicio de 2022 y quiere empezar a abonarlo con cargo a enero de 2023, ha comentado el sindicato.
Becarios
En el colectivo hay también investigadores becados, que están viendo cómo la cotización que ha de abonar el empleador a la Seguridad Social está siendo detraída de sus complementos, una práctica ilegal, según ha fallado ya la Justicia en Castilla-La Mancha y la propia Inspección de Trabajo.
Con respecto a este colectivo, Sánchez ha indicado que en la última reunión del Consejo Social de la UC se trasladó la demanda de regularizar esta situación, por cuanto ya hay sentencias al respecto en otras autonomías.
Las cantidades que se adeudan en concepto de quinquenios y sexenios oscilan entre 6.000 y 11.000 euros. El sindicato está tramitando un caso concreto, que se saldó sin avenencia en su paso por el Orecla (Organismo para la Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales), al que se le debe 12.000 euros desde enero de 2022 en atrasos.
“Lo que es más sangrante para nosotros es que hemos hecho aportaciones para la modificación del decreto y verbalmente se nos comunica que solo se va a contemplar el pago de 2023. Por la tardanza y la nula voluntad política de incluir el abono de 2022 nos encontramos hoy aquí”, ha explicado Concepción Sánchez.
La reclamación es tanto más urgente porque la legislatura está a punto de agotarse y si no se modifica el decreto antes de que se disuelva el Parlamento y el Gobierno entre en funciones el cobro de los atrasos puede retrasarse hasta finales de año, ha sentenciado el sindicato.